Personas con escasos recursos, en desempleo o con trabajo precario y sin un techo en condiciones en el que guarecerse. Este es el drama que viven 1.861 familias con vulnerabilidad y necesidades económicas graves que están esperando una vivienda pública en la provincia de Alicante. Los datos son demoledores y no dejan lugar a duda: el problema está aún lejos de encontrar una solución. Por ello, garantizar el derecho a una vivienda digna se ha convertido en la piedra angular de la Conselleria de Vivienda y en su principal desafío para combatir la desigualdad.
Actualmente, la Generalitat gestiona 5.472 viviendas públicas y pretende satisfacer esta demanda social y dar soluciones habitacionales o ayudas económicas, según las circunstancias económico-familiares. Del total, 2.910 están cedidas en alquiler social y 1.858 en venta con pago aplazado. Respecto a las 704 restantes, 540 están en proceso de regularización y 164 están vacías o en distintos procesos de rehabilitación.
El actual Consell se encontró al inicio de la legislatura con 354 viviendas que estaban ocupadas ilegalmente y sus residentes carecían de título del inmueble. En este sentido, se está aplicando la nueva resolución que determina los criterios objetivos y subjetivos para regularizar la situación de estas casas.
Con el objetivo de disminuir las listas de espera y con el enfoque puesto en las familias con más vulnerabilidad social para que puedan disponer de un techo donde encontrar refugio y seguridad, desde mayo de 2015 se han adjudicado 137 viviendas sociales a diferentes familias, muchas de ellas que habían perdido su vivienda habitual como consecuencia de un desahucio por falta del pago de hipoteca y también a víctimas de violencia de género.
Además, la Conselleria ha reparado otras 120 casas en los diferentes municipios alicantinos y los técnicos están valorando otros 67 pisos para su próxima rehabilitación. Tal y como apuntan fuentes autonómicas, en los últimos años la vivienda se ha convertido en una prioridad, que se ha traducido en una reactivación y un aumento de la inversión destinada a la mejora del parque público. Desde el inicio de la legislatura, la Generalitat ha invertido 3.637.370 euros en la reparación de viviendas públicas y elementos comunes de los edificios. Además, hay en proceso de valoración otras 67 casas para su próxima rehabilitación.
Regeneración urbana
La Conselleria de Vivienda tiene prevista la ejecución de distintas Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARRU) en varios municipios de la provincia de Alicante. Los ARRUS son actuaciones que tienen como objetivo mejorar las condiciones de los habitantes del grupo de viviendas de promoción pública, las condiciones ambientales y de imagen urbana de la edificación, las condiciones de accesibilidad (tanto urbana como de los propios edificios) y las instalaciones comunes de los edificios.
Para ello, recogen una serie de trabajos como adecuación de zaguanes y elementos comunes, cubiertas, red de saneamiento, adecuación de instalaciones, mejoras de accesibilidad y alumbrado, reestructuración o adecuación de espacios públicos, según las necesidades de cada grupo de viviendas.
Además, el ARRU está acompañado de medidas complementarias en el ámbito social y económico denominadas Plan de Intervención Integral Sostenible (PINNS) que aglutina una serie de acciones para la normalización del barrio, cuya vocación es de seguimiento y mantenimiento en el tiempo.
Las actuaciones que se van a ejecutar en la provincia de Alicante para el periodo 2018-2019 son el barrio Miguel Hernández (antiguo José Antonio) de Alicante con una inversión total de 2.838.000 euros, Los Palmerales de Elche con 2.116.400 euros, el grupo Barbacana/Plaza Les Xiques de Alcoy con un presupuesto de 447.200 euros y el barrio del Carmen de Alicante con 3.884.000 euros. Por otra parte, también se está trabajando en la demolición del edificio de 47 viviendas de la calle Uruguay de Crevillente. Las inversiones previstas suman 7.399.468 euros.
La directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, EIGE, Helena Beunza, ha destacado el compromiso autonómico para que todas las personas con necesidad habitacional y en muchos casos con riesgo de vulnerabilidad social puedan acceder a estos inmuebles. En su opinión «se trata de cumplir con nuestra vocación de servicio público para que el acceso a la vivienda sea un derecho subjetivo, siguiendo lo establecido en la Ley por la Función Social de la Vivienda».
La alta demanda de inmuebles obliga a EIGE a actuar en dos direcciones: primero, con un aumento de la inversión y gestionando los recursos existentes. En segundo lugar, respetando los criterios de acceso establecidos en las normas. La Conselleria ha hecho hincapié en que la problemática viene de legislaturas anteriores, «donde la falta de una política de vivienda efectiva y de carácter social provocó una gran bolsa de personas con necesidad habitacional».
El estallido de la crisis económica en 2007 no hizo más que empeorar la situación «y en aquel momento, los gobiernos anteriores no estuvieron a la altura de las circunstancias» según ha afirmado tajante el Consell, lamentando que la inversión en vivienda descendió bruscamente a niveles mínimos. Tal y como han señalado fuentes de EIGE «no hubo ningún tipo de inversión en el parque público por parte de la Conselleria. Incluso se dejó de pagar el IBI de las viviendas a los ayuntamientos, incumpliendo las obligaciones básicas tributarias».
Para la Administración autonómica, la Ley por la Función Social de la Vivienda, aprobada en 2017, es la solución adecuada al problema para evitar que las personas pierdan su casa y, si es así, asignar todos los recursos públicos posibles y una gestión centrada en la eficacia de las viviendas sociales y de protección pública, para permitir que el mayor número de familias puedan acceder a ellas, fomentando los contratos en alquiler, al igual que las bonificaciones sociales. En definitiva, ayudas para atajar la exclusión social y acabar con la situación de indefensión de diferentes colectivos como familias con rentas muy bajas, jóvenes o personas mayores.
