La Abogacía de la Generalitat, a instancias de la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà, ha empezado a retirar los recursos que interpuso ante el Tribunal Supermo para defender el decreto de plurilingüismo impugnado por padres, sindicatos docentes y la Diputación Provincial.
Mientras sigue tramitando la nueva ley de plurilingüismo con la vista puesa en ponerla en marcha el curso que viene, Educación pide a los juvces que den por terminado el proceso jurídico abierto con el decreto incial que está suspendido cautelarmente.
El sindicato CSI.F, al que el TSJ dio la razón sobre la discriminación del alumnado con enseñanza en castellano frente a los que tuvieran más enseñanza en valenciano a la hora de acreditar el inglés considera que el paso que ha dado la Generalitat al retirar su recurso de casación ante el Supremo sobre esta sentencia"convierte en firme la sentencia del TSJ sobre plurilingüismo".
En la práctica no hay consecuencias porque el decreto se mantiene suspendido y el que está en vigor en los centros es el que aprobó el PP el año 2012. Lo que apunta este sindicato es que en el caso de que no se disponga de otra ley antes de empezar el curso que viene, deberá mantenerse el plurilingüismo del PP.
La Abogacía de la Generalitat solicita a los jueces que "debe acordarse la terminación del proceso, con todos sus incidentes, incluido el recurso de casación que nos ocupa".
El sindicato CSIF recuerda que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana estimó parcialmente su recurso por vulneración de derechos fundamentales contra el decreto 9/2017, de 27 de enero, que establece el modelo lingüístico educativo valenciano.
Aquella sentencia anulaba la disposición adicional 5º por considerar que "resulta injustificada la certificación automática de los niveles de competencia lingüística en valenciano y en inglés para el alumno acogido a la mayor normalización del valenciano", y el sindicato abunda que
también recalca el "desequilibrio para el castellano y claro agravio comparativo para el alumnado que opte por mayor presencia del castellano".
El TSJ concluía que esa adicional "realiza una evidente diferencia de trato entre el valenciano y el castellano que tiene una clara incidencia en la certificación de lenguas al alumnado" y dictaminó que "vulnera derechos susceptibles de amparo constitucional", estimando la demanda de CSI.F.
Ayer mismo la Generalitat remitió un escrito en el que explicaba que "mediante decreto 219/2017, de 29 de diciembre, del Consell ha sido derogado el Decreto 9/2017, de 27 de enero", por lo que suplica que "la sala acuerde la terminación del procedimiento".
