Imputado le sube el sueldo a imputado. El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, le ha incrementado la remuneración a su jefe de gabinete, Lalo Díez, en 524,89 euros al mes, con lo que la retribución total del asesor pasa a ser de 3.615,21 brutos en cada mensualidad. Esta mejora en el poder adquisitivo de Díez fue establecida el pasado 26 de diciembre a partir de un decreto del concejal de Recursos Humanos y salió publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El incremento de este 17% en el salario de Díez, que ahora pasará a percibir al año 50.612,90 euros en catorce pagas mensuales, y que se ha efectuado sin ninguna declaración pública de por medio, acaece cuando prosigue en el Ayuntamiento de Alicante la tormenta política y judicial derivada del caso Comercio, por el que están imputados tanto Echávarri por prevaricación como Díez y otro asesor de ese departamento municipal, Pedro de Gea, por cooperadores necesarios en ese presunto delito y además por el de suplantación de funciones.

Y, ¿en qué se basa el alcalde para esta subida del sueldo de uno de los principales encausados en el caso que está marcando la vida pública de Alicante durante los últimos meses? Hasta ahora, el cargo de jefe de gabinete de Alcaldía que desempeña Díez se realizaba a tiempo parcial, en concreto se le destinaba un 85% de la jornada laboral. Sin embargo, ahora el asesor pasará a dedicarse a esa labor a tiempo completo.

Después de que el PSOE se quedara en minoría al frente del gobierno local como consecuencia del abandono de Guanyar y Compromís precisamente por el caso Comercio, Díez ha intensificado aún más su condición de pieza esencial de la estructura de mando de Echavárri en un ejecutivo que intenta gobernar la capital con tan sólo seis concejales. Es esta la causa por la que el también portavoz de la ejecutiva del PSPV en Alicante ha tenido que multiplicar su labor en todos los frentes. De cualquier forma, ve mejorada su asignación laboral en un momento muy delicado, cuando se encuentra en el punto de mira de los tribunales como también le sucede al alcalde.

A los implicados en el caso Comercio se les acusa del troceo de unas facturas que juntas sumaban 150.000 euros con la presunta finalidad de evitar superar los 18.000 en cada una y de esta forma realizar las adjudicaciones a dedo como si se tratara de un contrato menor, en vez de convocar un concurso para todas esas actuaciones en un solo paquete.

Díez y de Gea se hallan procesados por un presunto cargo de usurpación de funciones porque fueron ellos quienes contrataron las actuaciones derivadas de esas facturas: la Gala de Comercio, la campaña de Navidad de 2016 y la mejora de la imagen de los mercados.