La instrucción judicial abierta en 2010 por los presuntos amaños en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante entra en su recta final un año después de que el juez acordara el procesamiento de los implicados. El magistrado titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, acordó ayer dar un plazo de 30 días a la Fiscalía y al resto de partes acusadoras -Ayuntamiento, Izquierda Unida y PSOE- para que presenten sus escritos de conclusiones sobre los presuntos amaños que van sentar en el banquillo de los acusados a la exalcaldesa Sonia Castedo, al exalcalde Luis Díaz Alperi, al constructor Enrique Ortiz y a otros seis implicados.
En una providencia notificada ayer a las partes, el juez da a la Fiscalía y resto de partes acusadoras un plazo «improrrogable» de treinta días para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento o «excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias».
El magistrado ha dado este plazo a las acusaciones tras la resolución por parte de la Audiencia Provincial del último recurso, en el que la Sección Segunda desestimó la petición de la Fiscalía, Izquierda Unida y el Ayuntamiento para que se incorporara a la causa del Plan General de Alicante el informe municipal sobre la valoración del suelo de Enrique Ortiz. En dicho documento se aseguraba que el empresario habría ganado más de 42 millones de euros con el PGOU investigado.
Instrucción cerrada
Para el tribunal de la Sección Segunda no era el momento procesal oportuno porque la instrucción ya está cerrada. El auto asume las tesis del abogado de Enrique Ortiz, Francisco Ruiz Marco, al estimar que el informe municipal es en realidad una prueba pericial y para que fuera considerado como prueba para el juicio «debe plantearse en su momento adecuado, que es el momento de presentar el escrito de conclusiones provisionales».
Varias defensas ya advirtieron de que algunos de los datos del informe facilitados por el edil de Urbanismo cuando se confeccionó, Miguel Ángel Pavón, eran falsos. De hecho, la exalcaldesa Sonia Castedo se ha querellado contra el concejal y contra un arquitecto municipal por manipular presuntamente los datos incluidos en el documento.
De las nueve personas incluidas hace un año por el juez en el auto de procesamiento por esta causa derivada del caso Brugal, la Audiencia Provincial archivó la acusación contra el redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, el arquitecto Jesús Quesada, al considerar que no hay indicios de que facilitara información reservada a Enrique Ortiz.
En el auto de procesamiento acordado hace un año el juez Manrique Tejada expuso que los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo pusieron el Ayuntamiento de la ciudad al servicio de los intereses urbanísticos del empresario Enrique Ortiz.
El magistrado consideró que hay pruebas de que las autoridades municipales revelaron datos claves del futuro urbanístico de la ciudad cuando todavía no eran públicos a cambio de regalos. Los supuestos beneficios a Ortiz se habrían producido gracias a la adquisición de suelo no urbanizable por parte del promotor en zonas protegidas con las que pretendía obtener mayor edificabilidad en otros puntos de la ciudad.
Junto a Castedo, Alperi y Ortiz, acusados de presuntos delitos de tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho, el juez mandó al banquillo de los acusados a otras siete personas: a los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo; al empresario Ramón Salvador Águeda; y a los empleados del promotor, Santiago Bernáldez y Pablo Rico, así como a su hermano, Virgilio Ortiz.
