Casi dos meses después de que una sentencia judicial dictase que el pleno del Ayuntamiento de Alicante era el órgano competente para decretar la retirada de las calles franquistas, la corporación municipal aprobó ayer por unanimidad el acuerdo adoptado hace dos semanas por la Comisión de la Memoria Histórica, que supone el cambio de nombre de 37 vías del callejero alicantino. La propuesta salió adelante por aclamación, con el voto a favor de los cinco grupos municipales y también de los dos ediles tránsfugas.

En la defensa del punto, el actual concejal de Memoria Histórica, el socialista Fernando Marcos, incidió en que el «diálogo tiene su recompensa», a la vez que «agradeció el ejercicio de responsabilidad de los grupos». Para Marcos, «el objetivo del equipo de gobierno era devolver la participación a las Juntas de Distrito».

La propuesta de nuevos nombres para sustituir a las denominaciones franquistas que se retirarán del callejero debe pasar ahora por manos de los vecinos, que pueden proponer alternativas al actual listado en un periodo de negociación que el gobierno estima se prolongue un mes. Al respecto, el concejal Daniel Simón (Guanyar) reclamó a los grupos ir «juntos» a defender el acuerdo aprobado ayer. «Exigimos lealtad a los grupos», añadió Simón, temeroso de que algunos grupos provoquen agitación en las juntas de distrito para variar sustancialmente la propuesta de nuevas denominaciones para las calles.

Por su parte, la exedil de Memoria Histórica, María José Espuch (Compromís), subrayó que el anterior acuerdo, tumbado por la justicia tras la denuncia presentada por el PP hace un año, no pasó por el pleno municipal por una decisión «técnica». «La Memoria Histórica es una derecho que nos hace más libres», apuntó Espuch, quien al igual que Guanyar señaló que la propuesta aprobada ayer por el pleno no es la «inicial» que defendía su formación, en la que se incluían otros nombres de presunta vinculación franquistas, como Calvo Sotelo o Primo de Rivera, entre otras.

Desde el PP, el portavoz Luis Barcala aseguró que el objetivo de su grupo siempre fue «aplicar la Ley de Memoria Histórica», pero «de principio a fin» y buscando el «consenso». Con ese motivo, alegó ayer, acudieron a los tribunales, donde denunciaron que el acuerdo inicial del tripartito no pasó por el pleno (fue aprobado en Junta de Gobierno) y que incluía nombres que, a su juicio, no se ajustaban a la Ley de Memoria Histórica. Por último, Antonio Manresa (Ciudadanos), que abogó por tener en Alicante un «callejero del siglo XXI», criticó a Espuch por hacer «imposible» llegar a un acuerdo de todos los grupos mientras ella fue la responsable de la concejalía, antes de que Compromís renunciase a principios de noviembre a sus competencias de gobierno.