La Conselleria de Agricultura ha presupuestado un total de 60,1 millones de euros para mejorar la red de depuradoras de la provincia de Alicante en 2018 a cargo de los fondos de la Entidad de Saneamiento (Epsar). Se prevé ejecutar 19 proyectos entre obras (12) y asistencias técnicas pero a los técnicos se les ha olvidado, en principio, lo más importante, como es el dotar a las depuradoras de los sistemas que permitan que el caudal residual que salga depurado de las plantas pueda ser utilizado para la agricultura con plenas garantías sanitarias. La falta de un buen sistema de depuración provoca, en plena sequía, que un 54% del agua residual que se trata anualmente en las plantas (65 hm3 de los 120 hm3) no pueda ser reutilizado por los agricultores debido a la mala calidad (alto contenido en sales principalmente), ya que muchas instalaciones, sobre todo en la costa, no están conectadas con el interior, que es donde realmente se necesita el caudal.

En total, en la provincia se depuran todos los años 120 hm3, de los que 55 hm3 se utilizan en el campo y 29,5 hm3 se vierten a los cauces en lo que se considera reutilización indirecta. Los alicantinos pagan al año unos 75 millones de euros correspondientes al canon de saneamiento que se creó en 1992 en el recibo del agua para financiar la construcción y funcionamiento de las depuradoras. El caudal que entra en las plantas equivaldría, con un buen sistema de depuración, a cinco meses del hoy cerrado trasvase Tajo-Segura.

Según un informe del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, el coste para mejorar la calidad del agua depurada sería de 0,25 euros por metro cúbico. Es decir, que en la provincia de Alicante se necesitaría invertir unos 17 millones de euros, un tercio de lo que el Consell destina al plan para modernizar las depuradoras.

Los 60,1 millones de euros se invertirán en Xixona, Alcoy, Alicante -mejora del emisario submarino que conecta Tabarca con la depuradora de Santa Pola-, Aspe, Crevillent, El Campello, Pilar de la Horadada, Villena, Almoradí (planta nueva), Orihuela (reforma Orihuela Casco y Costa) y en la nueva estación de bombeo en la zona de Mil Palmeras en Pilar de la Horadada, Banyeres, Benasau, Benidorm (adecuación de las estaciones de bombeo e impulsiones Benidorm-Alfaz) Elche (Algorís) y El Verger.

Sólo dos de las 180 plantas operativas en la provincia, en concreto la de Rincón de León en Alicante y la estación de Benidorm disponen de sistemas terciarios avanzados, que incluyen la desalinización y un sistema integral de microfiltración bacteriológica que permite el uso del caudal tratado sin ningún tipo de problemas en el riego de cultivos.

A esto se une que, salvo la planta de Benidorm, conectada con las comunidades de regantes del entorno, la falta de infraestructuras de transportes impide, por ejemplo, que el caudal de Rincón de León pueda llegar a Elche o al Medio Vinalopó. Y todo, pese a que todos los expertos y la propia Administración subrayan que la reutilización del agua residual depurada debe incrementarse e incorporarse al conjunto de recursos (desalación, pozos y trasvases) para combatir la carencia de recursos hídricos.

La Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) se ha limitado hasta ahora a cumplir la ley, y aplica un sistema secundario (eliminación de bacterias), que resulta insuficiente para que el caudal no termine, salvo las excepciones de Rincón de León y Benidorm, de servir exclusivamente para contribuir al mantenimiento de zonas húmedas como es el caso, por ejemplo, del Clot de Galvany de Elche (conectado con la planta de Arenales del Sol) y el riego de jardines y parques, muy bien desarrollado en Alicante.

Cuestión de costes

El resto de las plantas no sirve para poder contribuir a paliar las necesidades de unos agricultores que tampoco pueden pagar el coste de incorporar el sistema terciario avanzado. Fuentes de las comunidades de regantes de la provincia reclaman un esfuerzo adicional a la Generalitat y al Ministerio de Agricultura en la gestión de un residuo que adquiere importancia capital en el caso de la provincia de Alicante y sus sequías cíclicas.

Los regantes exigen una modificación del actual canon de saneamiento para que sirva «no sólo par la construcción de depuradoras, sino para su mantenimiento y mejora de su funcionamiento».

De hecho, en la provincia de Alicante, esta labor corre a cargo de la Diputación, que tienen sendos convenios menores con la Epsar, titular de las plantas, pero se limita a obras menores de mantenimiento.