La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo presentó ayer una querella contra el portavoz de Guanyar y exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, y contra el arquitecto municipal Sergio Masanet por los delitos de «falsedad en documento público y de faltar a la verdad el perito en su dictamen» en relación a la elaboración de un informe sobre los supuestos beneficios que habría obtenido el empresario Enrique Ortiz con la aprobación del PGOU sospechoso de irregularidades. La exregidora del PP dirige la querella contra «el autor material del informe» y contra «la autoridad que suministró al funcionario los datos falsos», además de «solicitar y ordenar personalmente» la confección del documento con la pretensión de incorporarlo a la causa abierta por la tramitación de este planeamiento. Una pretensión que de momento ha frenado la Audiencia.
La querella se interpuso a última hora de la mañana de ayer y en ella el representante legal de Castedo, el letrado Juan José Albert, califica el citado informe de «documento falsificado» con el que «se ha pretendido construir una prueba incriminatoria» contra su cliente «sin perjuicio de que perjudique también a otros imputados en la misma causa y, en general, a la fe pública y la veracidad, certeza y exactitud que para la sociedad y para los tribunales de Justicia se deprende de los documentos públicos emanados de un Ayuntamiento y elaborados y firmados por un funcionario municipal».
«Debía conocer»
En el informe se asegura que Ortiz habría obtenido unas plusvalías de más de 42 millones de haberse aprobado el plan bajo sospecha cuando, según se recoge en la querella y ya han advertido varias de las defensas personadas en la causa, los datos de los que se parte son falsos o incorrectos.
Tal es el caso de las tres parcelas ubicadas en Fontcalent cuya propiedad se atribuye al empresario cuando, según consta en las documentación que obra en la causa aportada por la propia UDEF de la Comisaría de Alicante, éstas son de Vicenta Bonete Guillén, su dueña desde 1999 sin que desde entonces haya variado su titularidad. Un dato que «el arquitecto, funcionario municipal, señor Masanet Ivorra, no puede y, en todo caso, no debe desconocer, por cuanto además del Registro de la Propiedad, los funcionarios del Ayuntamiento de Alicante disponen de acceso a una completa base de datos en la que figuran las titularidades catastrales de las parcelas del término municipal».
La querellante agrega que «con mayor razón el señor Pavón, concejal de Urbanismo, debía conocer al propietario de las parcelas de Fontcalent dado que fue él mismo quien encargó el informe personalmente e incluyó en el oficio una pormenorizada descripción de tales parcelas».
Se recoge también en la querella el caso de la franja entre el parque natural de Las Lomas del Garbinet y el APA9, de la que se dice en el informe que «no es urbanizable siendo recalificada a urbanizable durante los trabajos de revisión del Plan». Una afirmación que se tacha de «falsa» en tanto que estos terrenos son urbanizables desde marzo de 1993 por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. «Una realidad que no podía ser desconocida, no debía serlo, por el funcionario arquitecto adscrito al área de Urbanismo, dado que figura en el expediente municipal del procedimiento Contencioso-administrativo en el que los terrenos fueron declarados urbanizables».
En la misma línea, y en cuanto a las tres parcelas que se le atribuyen a Ortiz en el ámbito del Saladar, se llama la atención tanto sobre el que ni ninguna pertenece al empresario o a algunas de sus sociedades y acerca del hecho de que la valoración no se haga sobre las fincas que enumera Pavón en su oficio sino sobre otras distintas.
En el caso de una de ellas se yerra también en la calificación: se afirma que es parque natural cuando en realidad es zona verde, lo que no conlleva aprovechamientos en otros sectores mermando por tanto su valor.
Aprobación provisional
Además de la presunta falsedad, se destaca asimismo en la querella que «la aprobación provisional del plan no produce incremento alguno en el valor de los terrenos», motivo por el que el funcionario querellado «bien por su propia iniciativa o bien recibiendo órdenes de otra persona que la instrucción deberá identificar, cambia el objeto del informe» partiendo de la hipótesis de que el plan se hubiera aprobado el 1 de febrero de 2011. Una conjetura «de imposible cumplimiento (...) contraria a los propios informes municipales y sólo destinada a la confección de un documents público falso».
Y concluye que «precisamente como lo que pretendía el señor Pavón con la solicitud del informe y la confección del mismo era demostrar que la revisión del PGOU de 2010 comportó para el propietario de los terrenos un revalorización de 42.1000.911 millones, es por lo que los querellados falsean tanto las premisas del informe, cuanto algunos datos de propiedad de la fincas, cuanto la verdadera clasificación y calificación de parte de los terrenos incluidos en el informe de valoración». Por lo que, agrega, «se genera un documentos público en el que aparentemente una institución oficial (el Ayuntamiento de Alicante) y un experto en materia urbanística (el funcionario, señor Masanet) concluyen que esos terrenos han experimentado un incremento del valor (...) generando la falsa apariencia de que el propietario de esos terrenos se ha visto favorecido por esa espectacular cantidad de millones de euros a consecuencia de revisión del PGOU de Alicante promovida por el Ayuntamiento durante el periodo en que la querellante fue alcaldesa».
Para Castedo, «fluye con naturalidad el dolo de ambos querellados por cuanto no resulta razonable pensar que las falsedades en las que han incurrido (dado el carácter objetivo y comprobable de todas ellas) sean fruto de una imprudencia».
