El portavoz de Guanyar en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, consideró ayer «un intento de desviar la atención por parte de imputados por delitos urbanísticos» el hecho de que varias defensas sostengan que facilitó datos falsos para el informe que un técnico municipal elaboró sobre lo que Ortiz habría ganado con el PGOU bajo sospecha. Pavón, que fue responsable del área de Urbanismo hasta la ruptura del tripartito hace más de un mes, tildó de «insidias» las valoraciones de falsedad y explicó que el documento fue aportado por la representación letrada del Ayuntamiento al juzgado «para defender los intereses municipales».

El polémico informe cifra en 42 millones de euros el beneficio económico que el empresario Enrique Ortiz habría obtenido con el Plan General que investiga un juzgado de Alicante y por el que han sido procesados, entre otros, el propio Ortiz y los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi. Aunque el documento no ha sido incluido en la causa por el juzgado, varias defensas consideran falsos los datos facilitados a los técnicos para confeccionarlo. El magistrado lo rechazó por una cuestión formal, por haberse presentado cuando la instrucción estaba cerrada, y la Audiencia Provincial está pendiente de pronunciarse sobre este extremo.

Miguel Ángel Pavón aseguró ayer que como concejal de Urbanismo dio trámite a la petición de la representación letrada del Ayuntamiento, que está personada en la causa como acusación particular, para que «técnicos municipales elaboraran un informe sobre la valoración de unos terrenos que fueron objeto de investigación durante la instrucción del caso y que figuran en el sumario judicial».

«Desde luego yo me quedo con las conclusiones del informe del técnico municipal frente a las insidiosas insinuaciones de falsedad que lanzan los defensores de los procesados», puntualizó el edil que subrayó que «sólo buscan desviar la atención de la gravedad de los presuntos delitos de sus representados».

Por su parte, el abogado José María López Coig, que ejerce la acusación particular en nombre del Ayuntamiento, aseguró que se pidió valoración no sólo del suelo de Ortiz, sino «también de terrenos que las escuchas telefónicas apuntan a que dependían también de él». El letrado admitió que cometió un error en las Lomas del Garbinet porque desconocía que había una sentencia que declaraba urbanizable ese suelo antes de la revisión del plan, «pero el error es mío. No de Pavón, ni de los técnicos». López Coig aseguró que la parte referida a esa zona se va a eliminar y aseguró que el documento es «necesario para valorar la cuantía de las multas que se pidan a los investigados cuando se presente acusación».

Varias defensas consideran que se facilitó información falsa al técnico municipal. Entre esos datos erróneos está el que se recoja como suelo no urbanizable una franja de las Lomas del Garbinet, a pesar de que una sentencia del TSJ la recalificó como urbanizable desde 1993. Asimismo se recogen tres parcelas en Fontcalent que son propiedad de otra persona, según los datos aportados por la propia Policía ante el juzgado, fincas con las que el promotor habría ganado más de 23 millones, según el informe. En cuanto a Agua Amarga, el oficio de Pavón afirma que se recalifica a parque natural y se adscribe al área de reparto de las Torres de la Huerta, cuando, según consta en la causa, una de las parcelas tampoco es de Ortiz y la calificación de aparece en el plan de 2010 es de Zona Verde, lo que a diferencia de la de Parque Natural no confiere aprovechamiento o derechos subjetivos en otros sectores.