El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) estudia llevar ante el Constitucional el decreto ley de plurilingüismo que aprobó Educación el 1 de septiembre de este año y que se imparte en los colegios solo este curso a los niños de 2 y 3 años .
La petición de la Diputación Provincial que lidera el PP, de revisar la posible inconstitucionalidad de este decreto, ha llevado a los magistrados a dar un plazo de diez días a todas las partes, -Diputación como demandante, Conselleria de Educación como demandada, y Ministerio Fiscal-, para que argumenten y poder decidir finalmente al respecto.
La providencia del TSJ apunta a una «posible vulneración» de la Constitución ante la figura del decreto ley porque «en nuestro caso se impugna y suspende la totalidad del decreto», como indican los jueces en referencia a la suspensión cautelar previa del decreto de plurilingüismo publicado en marzo por el Consell, y cuya paralización por el propio TSJ llevó al conseller Vicent Marzà a publicar un nuevo decreto ley en septiembre, esta vez dirigido únicamente a los niños que accedían por primera vez a los colegios para no repetir la matrícula.
El TSJ advierte sobre este decreto ley que «nos encontramos con una norma con rango de ley cuyo objetivo, confesado en el propio preámbulo, es poner en funcionamiento el sistema del decreto que el tribunal ha suspendido». También se refieren los jueces a la «posible arbitrariedad» del decreto ley por considerarlo una norma «desproporcionada».
Junto a la Conselleria de Educación emplaza a los codemandados, Escola Valenciana, Acció Cultural y el sindicato de enseñanza STEPV, así como a la Asociación para la Defensa del Castellano entre los demandantes.
