El portavoz de Guanyar en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, responsable de Urbanismo hasta la ruptura de tripartito a mediados de noviembre, facilitó datos para elaborar un informe municipal sobre las hipotéticas ganancias del empresario Enrique Ortiz de haberse aprobado el PGOU bajo sospecha que consideran falsos varias de las defensas personadas en el proceso abierto por supuestas irregularidades en su tramitación. El informe se presentó para su inclusión en la causa y en estos momentos está pendiente de la Audiencia, donde se recurrió el rechazo del instructor a incorporarlo por extemporáneo.
En el documento, que ilustra esta información y que el pasado 23 de noviembre fue solicitado al Ayuntamiento por la exalcaldesa del PP Sonia Castedo sin que aún se lo hayan facilitado, consta la orden de Pavón para que, «en el marco de la Diligencias Previas 2690/2010 del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante la redacción de un informe de los terrenos enumerados a continuación con fechas anteriores y posteriores a la aprobación provisional de la revisión de PGOU de Alicante de 2010».
El oficio, que tiene fecha de 7 de julio, está dirigido a la jefa de Servicio de Gestión Urbanística y no hace alusión al empresario, es un listado de referencias catastrales con varias acotaciones a modo de introducción en prácticamente todas las zonas a las que alude, a excepción de Fontcalent, donde sólo se enumeran las parcelas.
En el caso de la franja situada entre las Lomas del Garbinet y el APA 9, se afirma que es «NO URBANIZABLE, siendo recalificada como URBANIZABLE durante los trabajos del revisión del Plan General» cuando, según una sentencia del Tribunal Superior que obra en la causa, es urbanizable desde marzo de 1993. Una calificación que ya figuraba en el concierto previo del PGOU de 2002 y que varias de las defensas de los procesados en esta causa (entre los que se encuentran, además de Ortiz, los dos últimos alcaldes del PP, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi) no entienden que desconociera tanto el concejal como el técnico que elaboró el informe.
El escrito recoge tres parcelas en Fontcalent que el informe asegura que son de Ortiz pero que, según los datos aportados en su día al juzgado por la UDEF, son propiedad de otra persona desde marzo de 1999, fecha desde la que no ha variado su titularidad. En el documento elaborado con los datos facilitados por el edil de Guanyar se afirma que con estas fincas el promotor habría ganado más de 23 millones de los 42 de hipotéticas plusvalías que le atribuyen.
En cuanto a Agua Amarga, el oficio de Pavón afirma que «en la segunda aprobación se recalifica a NL PARQUE NATURAL y se adscribe al ÁREA DE REPARTO 1, LAS TORRES DE LA HUERTA» cuando, según consta también en la causa, una de la parcelas en cuestión tampoco es propiedad de Ortiz y la calificación que aparece en el plan del 2010 es como Zona Verde, lo que, a diferencia de la de Parque Natural, no confiere aprovechamiento o derechos subjetivos en otros sectores.
