El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, avanzó ayer que la Abogacía está estudiando cómo «blindar» a través de instrumentos jurídicos como un nuevo decreto o una orden la sanidad universal en la Comunidad, tras anular el Tribunal Constitucional el decreto de 2015 que la garantizaba.
Así lo ha señalado tras reunirse con representantes de asociaciones en defensa de la sanidad universal en el Palau de la Generalitat para abordar la decisión tomada por el TC respecto al decreto de sanidad universal, que según ha indicado acatan pero consideran «no atiende al interés general, no es justa y no es humana». Puig ha querido reiterar un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos de la Comunidad, ya que «cualquier persona que entre en un centro de salud u hospital, sin importar su origen y situación va a ser atendido» porque existe una instrucción previa al decreto declarado inconstitucional que así lo determina.
En la misma línea se pronunció ayer el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Aurelio Duque, quien señaló que las puertas de las consultas «siempre estarán abiertas a toda la población». Duque recuerda que la población inmigrante «apenas supone un coste, porque se trata de personas sanas». Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, José Pastor, reclama también la universalidad de la asistencia, «teniendo en cuenta también la necesidad de controlar determinadas enfermedades». El delegado de Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Moragues, ha pedido no hacer demagogia porque «en este país y en esta Comunitat, a nadie le ha faltado la asistencia sanitaria cuando la ha necesitado».
La resolución del TC cuenta con el voto particular de cinco magistrados que discrepan de la fundamentación y del fallo de la sentencia. Uno de ellos, Antonio Narváez, considera que el decreto anulado se dictó por la Generalitat en el marco de las competencias de desarrollo de la sanidad que le confiere la Constitución y el estatuto de Autonomía.
