Dos años y medio sin la Oficina de Ahorro Energético en Alicante. El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, criticó ayer que el gobierno local decidió cerrar el servicio en agosto de 2015, apenas dos meses después de acceder al Ayuntamiento, con el objetivo de incluirlo en el pliego de condiciones del contrato de suministro eléctrico. Sin embargo, dos años y medio después de esa decisión del entonces tripartito de Alicante, la oficina de carácter social sigue sin estar en marcha para la ciudadanía, ya que el ejecutivo que dirige el socialista Gabriel Echávarri no ha cumplido con su parte del contrato: «Proporcionar un local para la atención al público en el término municipal de Alicante, que estará acondicionado y con todo el equipamiento necesario para el correcto funcionamiento del servicio». Por su parte, la empresa adjudicataria tiene la obligación por contrato de ponerla en marcha con tres trabajadores (auxiliar administrativo, ingeniero y oficial electricista). Ante la falta de la instalación, Nexus Energía registró recientemente un escrito en el Ayuntamiento de Alicante en el que solicita «que a la mayor brevedad posible» ponga a «disposición» un local o, por el contrario, que permita a la empresa a «buscar» una instalación «y a trasladar su coste al Ayuntamiento».

Esta situación fue denunciada ayer por el grupo municipal del PP en Alicante, que criticó la «negligencia» del gobierno municipal al no facilitar el local necesario a la empresa para permitir la puesta en marcha de un servicio que inició el PP en 2011 con gestión privada. El portavoz popular señaló que el objetivo de la oficina era «asesorar» a la ciudadanía «sobre la factura eléctrica, informarles sobre sus derechos, tramitarles bonos sociales y hacer las comparaciones para que aprovechen el libre mercado». Barcala añadió que «la excusa del tripartito para cerrar la oficina fue volverla a abrir con más servicios».

En la rueda de prensa de ayer, el líder municipal consideró que con el cierre de la oficina en agosto de 2015 se han producido «perjuicios enormes para la ciudad y los alicantinos». Según Barcala, durante el tiempo que el servicio estuvo en marcha entre 2011 y 2015, se ahorraron más de 600.000 euros a particulares, con 25.000 asistencias y se tramitó el bono social para 1.200 familias, con bonos para pensionistas, parados y familias numerosas y usuarios con contratos reducidos. «Extrapolando datos, los alicantinos han perdido más de 500.000 euros de los que se podrían haber beneficiado», añadió Barcala, quien criticó a los miembros del extinto tripartito: «Esto pone de manifiesto que aquellos que hablaban de las personas, los que se han rasgado las vestiduras hablando de la pobreza energética les ha importado muy poco, preocuparse de la pobreza energética de los alicantinos, por mejorar sus condiciones e interesarse de sus problemas».

En su intervención pública, Barcala pidió explicaciones al exconcejal de Medio Ambiente, Víctor Domínguez (Guanyar), y al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ante la «incapacidad» para poner en marcha la oficina.