«Perplejo». Así aseguró sentirse ayer el ex concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, tras recibir una notificación del Ayuntamiento de Alicante con una petición de la ex alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en la que solicita una copia del oficio en el que Pavón, en su etapa como edil de Urbanismo, ordenó hacer un informe sobre los beneficios que habría obtenido el empresario Enrique Ortiz de haberse aprobado el PGOU bajo sospecha.

«No entiendo por qué se me emplaza a mí a nada. Es la actual concejala de Urbanismo la que debe decidir que se le traslade la información a la peticionaria y punto». En este sentido, Miguel Ángel Pavón señala que dejará agotar el plazo de 15 días que se le ha dado para que se pronuncie. «No pienso hacer nada, ya que es la concejala de Urbanismo la que debe decidir si da copia o no de esta documentación».

Respecto al proceder de la ex alcaldesa de Alicante, el portavoz de Guanyar califica de «curiosa» esta petición. «Cuando ella era alcaldesa, para su defensa particular, pidió directamente a técnicos de Urbanismo certificados para aportarlos a la causa sin toda esta parafernalia». «Lo suyo», añade Miguel Ángel Pavón, «es que sea el juez quien pida esta documentación para aportarla a la causa». En cualquier caso, Pavón señala que Castedo, «puede tener acceso a esta documentación que está en un expediente como cualquier otro ciudadano». «Aquí no se oculta nada», asevera el portavoz de Guanyar.

El estudio encargado por Pavón cifraba las hipotéticas ganancias en unos 42 millones, que se encargó para incorporarlo a la causa que investiga presuntos amaños en la tramitación del planeamiento (donde el Ayuntamiento está personado como acusación particular), que el juez rechazó por extemporáneo y que en la actualidad está pendiente del recurso contra esta decisión presentado ante la Audiencia por el fiscal y al que se adhirió el Consistorio y EU, también parte en este procedimiento como acusación popular. Según recoge la solicitud de la ex primera edil, en el citado estudio consta que se ha realizado por petición del entonces (el pasado 7 de julio) concejal de Urbanismo y que su objeto es «la redacción de un informe de valoración de los terrenos enumerados a continuación en las fechas anteriores y posteriores a la aprobación provisional de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del año 2010». En una primera respuesta a la remisión del estudio al juzgado, el representante legal de Ortiz, el abogado Francisco Ruiz Marco, alertó de que el mismo, además de presentarse fuera de plazo, estaba plagado de falsedades o datos inexactos. Una afirmación que en un segundo escrito el letrado concretó y documentó aportando, entre otras pruebas de sus aseveraciones, escrituras a nombre de otras personas de terrenos que el informe atribuía al empresario.