Cualquier circunstancia que influya en el rendimiento académico de un alumno, ya sea cognitiva, física, social, económica o de orientación académica, deberá poder ser abordada por el conjunto de sus profesores a partir del curso que viene, para que el estudiante de que se trate se pueda integrar con normalidad en el aula con el resto de sus compañeros, evitando en lo posible un tratamiento externo que pueda estigmatizarle.
Para que los profesores puedan detectar de entrada cualquier tipo de déficit en un alumno, se contempla su formación previa en educación inclusiva.
Es la filosofía que emana de un nuevo decreto sobre educación inclusiva presentado ayer por el conseller, Vicent Marzà, junto al secretario autonómico Miguel Soler, el director general de Política Educativa, Jaume Fullana, y la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Josefa Mañes.
En realidad el decreto implica a toda la administración valenciana en el sentido de que persigue coordinar todos los servicios que pueda necesitar un alumno -de salud, sociales, de empleo-, porque, como apunta el conceller, «son circunstancias que el alumno tiene fuera de la escuela peo que trae en la mochila cuando entra en el aula».
Es la gran novedad de este decreto a desarrollar antes de ponerlo en marcha el curso que viene, y que el conseller centra en que se coordinarán todos los profesionales, implicando a su vez a los ayuntamientos, para que el alumno y su familia no tengan que ir a buscarlos, sino que se les ofrezcan juntos.
