La Fiscalía Anticorrupción de Alicante considera que el alcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Echávarri, y dos de sus asesores, Lalo Díaz y Pedro de Gea, "hicieron de su voluntad fuente de derecho" al fraccionar presuntamente contratos de la Concejalía de Comercio.

Por ello, la Fiscalía Anticorrupción pide que continúen procesados por los supuestos delitos de prevaricación y usurpación de funciones.

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, responde así a los recursos presentados por los tres investigados contra el auto de apertura de procedimiento abreviado que dictó el pasado 7 de noviembre la juez María Luisa Carrascosa.

Esa resolución les deja a un paso de una acusación formal y la apertura del juicio oral por los indicios que apuntan a que habrían fraccionado 14 facturas por trabajos y servicios relacionados con la gala de comercio de la Navidad de 2016 y la promoción de los mercados municipales, todo ello por un importe de 144.160 euros.

Según el auto judicial, "dichas contrataciones debieron realizarse legalmente a través de concurso público" y su presunto fraccionamiento convirtió la actuación del ayuntamiento en "arbitraria", ya que benefició a profesionales elegidos "por propia voluntad, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia".

Echávarri -investigado en una segunda causa judicial por el despido de una funcionaria-, Díez y De Gea han recurrido esa resolución ante la Audiencia Provincial de Alicante y han pedido el sobreseimiento de la causa porque, a su juicio, los hechos no constituyen delito.

En su contestación a dichos recursos, a la que ha tenido hoy acceso Efe, la Fiscalía Anticorrupción mantiene que sí hubo fraccionamiento de contratos y responsabiliza de ello, como máximo responsable de la Concejalía de Comercio, al alcalde Echávarri.

A juicio del fiscal, el que el regidor delegara en sus asesores "no excluye su participación en los hechos", pues él era quien "ostentaba la cartera de Comercio y despachaba todos los asuntos con los anteriores", por lo que su actuación resultó "crucial".

Los indicios acumulados contra el alcalde y los otros dos investigados, que el acusador detalla en sendos informes de unas treinta páginas cada uno, tienen, en opinión del fiscal Anticorrupción de Alicante, "la suficiente contundencia y envergadura" para sentarlos en el banquillo de los acusados.

En el caso del alcalde, Briones destaca la condición de abogado de Echávarri, que "afecta, de forma indudable, al grado de conocimiento de la ilicitud y posible relevancia penal del comportamiento que adoptaba".

En definitiva, Anticorrupción aprecia una "omisión deliberada" por parte de los tres investigados de las normas de contratación, que "se tradujo en la sustracción a las reglas de la libre concurrencia y competencia".

El fiscal extiende esa actuación presuntamente irregular a las 25 facturas inicialmente investigadas por la juez (por un importe total de 190.000 euros) y asegura que "comportó un resultado materialmente injusto".

El escrito del acusador recoge que Echávarri y sus asesores "hicieron de su voluntad fuente del derecho y quebrantaron de forma flagrante las normas que rigen el procedimiento de contratación administrativa".

"Contravinieron de forma consciente y radical los principios que inspiran la legislación sobre contratación en el sector público relativos a la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato de todos los ciudadanos, cercenando la posibilidad de lograr el eficiente uso de los fondos públicos", concluye.

Guanyar pide de nuevo la dimisión de Echávarri

El portavoz del grupo municipal Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, tras el "contundente" escrito de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante contestando los recursos presentados contra su procesamiento por el alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri, y dos de sus asesores - uno de ellos también militante y miembro de la ejecutiva local del PSOE, el jefe de gabinete de alcaldía Lalo Díez - por el presunto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio, ha instado hoy de nuevo al PSPV a apartar a Echávarri y a Díez de la alcaldía de la ciudad.

"El fiscal Anticorrupción pide que continúen procesados por hacer de su voluntad fuente de derecho, considera que las contrataciones debieron realizarse legalmente mediante concurso público y tilda su actuación como arbitraria al beneficiarse a profesionales elegidos por propia voluntad con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia, que fueron omitidos de forma deliberada. Apunta también el Ministerio Público que el resultado de las contrataciones realizadas fue materialmente injusto y que se cercenó la posibilidad de lograr el uso eficiente de los fondos públicos", ha destacado el edil.

"Con este contundente escrito de Anticorrupción, el alcalde y sus asesores cada vez lo tienen más difícil para evitar el banquillo, una vergüenza que debería evitarse a la ciudad con su dimisión inmediata. No sabemos a qué espera el PSPV, el procesamiento firme de Echávarri y de Díez ya es casi seguro y la ciudad sigue en manos de un mini gobierno absolutamente inoperativo que tiene paralizada la ciudad y que no ha dudado ni un minuto en revertir medidas que impulsamos desde el anterior equipo de gobierno plural para el cambio que esperaba la ciudadanía de Alicante. Que fuercen de una vez su dimisión para que en el debate sobre el estado de la ciudad previsto para el próximo día 22 Echávarri ya no sea el alcalde de Alicante y Díez ya no sea el jefe de gabinete de alcaldía. Sería un buen regalo de Navidad para la ciudad por parte de Ximo Puig", ha concluido Pavón.