Los caminos de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo y de quien fuera su azote en la oposición, Miguel Ángel Pavón, vuelven a cruzarse. Al exconcejal de Urbanismo y portavoz de Guanyar le acaba de notificar el Ayuntamiento la petición que la exregidora presentó el pasado 23 de noviembre en el Registro General donde solicita una copia del oficio por el que el responsable de Urbanismo hasta la ruptura del tripartito ordenó hacer un informe sobre los beneficios que habría obtenido el empresario Enrique Ortiz de haberse aprobado el PGOU bajo sospecha.
Un estudio que cifraba las hipotéticas ganancias en unos 42 millones, que se encargó para incorporarlo a la causa que investiga presuntos amaños en la tramitación del planeamiento (donde el Ayuntamiento está personado como acusación particular), que el juez rechazó por extemporáneo y que en la actualidad está pendiente del recurso contra esta decisión presentado ante la Audiencia por el fiscal y al que se adhirió el Consistorio y EU, también parte en este procedimiento como acusación popular.
«Terrenos enumerados»
Según recoge la solicitud de la exprimera edil, en el citado estudio consta que se ha realizado por petición del entonces (el pasado 7 de julio) concejal de Urbanismo y que su objeto es «la redacción de un informe de valoración de los terrenos enumerados a continuación en las fechas anteriores y posteriores a la aprobación provisional de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del año 2010».
En una primera respuesta a la remisión del estudio al juzgado, el representante legal de Ortiz, el abogado Francisco Ruiz Marco, alertó de que el mismo, además de presentarse fuera de plazo, estaba plagado de falsedades o datos inexactos. Una afirmación que en un segundo escrito el letrado concretó y documentó aportando, entre otras pruebas de sus aseveraciones, escrituras a nombre de otras personas de terrenos que el informe atribuía al empresario.
Tal es el caso de las parcelas de Fontcalent que el estudio municipal asegura que pertenecen al promotor, con las que supuestamente habría ganado 23 millones (más de la mitad del supuesto pelotazo), pero que según las notas registrales aportadas en su día por la propia Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al procedimiento son desde 1999 de otra persona sin que en este tiempo haya variado su titularidad.
En caso del Saladar, donde las plusvalías en calculan en más de medio millón, de las cuatro fincas que se atribuyen a Ortiz, tres no lo son y de la cuarta se afirma que es Parque Natural cuando en el plan de 2010 aparece como Zona Verde, según el escrito que presentó Ruiz Marco ante el instructor, el magistrado Manrique Tejada.
No menos acertado es el informe en cuanto a la propiedad y la calificación urbanística de las parcelas sobre las que se hacen los cálculos en el Saladar. Y acerca de otra finca ubicada en las Lomas del Garbinet se afirma que no era urbanizable cuando lo es desde marzo de 1993 por una sentencia del Tribunal Superior que el letrado aportó también y cuyo desconocimiento por parte tanto del responsable de Urbanismo como del redactor del informe no se explica. En otro de los casos, en la Condomina, el informe se queda a todos luces corto en cuanto al valor del suelo propiedad de promotor.
Este diario intento ayer en varias ocasiones contactar por Castedo para conocer el sentido de su petición sin que ello fuera posible.
No obstante, en el escrito presentado por Ruiz Marco contra la incorporación a la causa del informe encargado por Pavón el letrado deslizaba que no descartaba exigir «responsabilidades de otro orden que se deriven de la confección y de su incorporación a autos de un documento de estas características» en alusión, aunque no los citaba, tanto al ahora exresponsable de Urbanismo como, en su caso, del funcionario que elaboró el informe.
