El juez Eugenio Alarcón, que dirige la causa por presunto delito fiscal contra Luis Díaz Alperi, ha abierto ahora una pieza separada para resolver una recusación que el exalcalde de Alicante planteó en 2014 y que ha mantenido paralizado el proceso mientras se decidía de quién era la competencia sobre la misma.
El propio magistrado será finalmente quien deba decidir sobre la impugnación a dos de los peritos que iban a declarar en el juicio contra Alperi en un juzgado de lo Penal de Alicante. Para ello celebrará el próximo mes de febrero una vista donde deterrninará si se aceptan o no las pretensiones del exprimer edil.
Las fuentes consultadas por este diario señalaron que esta recusación no supondrá más demoras en la causa, cuya fecha está prevista para el primer semestre de 2018.
La Fiscalía reclama penas que suman más de nueve años de cárcel para el exalcalde de Alicante por tres delitos fiscales durante los años 2007, 2008 y 2010 en los cuales habría dejado de pagar a Hacienda 682.651 euros en concepto de cuotas del IRPF por un patrimonio de origen desconocido. Asimismo se le reclama otra pena de nueve meses por cohecho impropio por el tiempo en que estuvo el barco del exregidor en el puerto deportivo de Alicante sin pagar amarre alguno.
La causa empezó a investigarse en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad al ser Alperi aforado por su condición de diputado autonómico. Sin embargo, al renunciar el exregidor de su escaño en las Cortes, la investigación fue remitida a Alicante para que se enjuiciara en esta ciudad. El pasado mes de octubre y tras tres años esperando fecha, el magistrado de lo Penal volvió a remitir la investigación al TSJ por si se declaraba competente tras el nuevo criterio del Tribunal Supremo en materia de políticos aforados. El TSJ rechazó la causa y consideró inadmisible que en todo este tiempo la causa no se hubiera juzgado todavía.
Según los autos a los que ha tenido acceso este diario, el magistrado de Alicante ya ha incoado juicio oral y ha aceptado los testigos propuestos por las partes. La única salvedad es la de los técnicos recusados por el acusado, hecho que habrá que resolver antes de fijar la fecha definitiva. Fuentes judiciales apuntaron a que el juzgado tiene varias semanas reservadas antes de verano en los que se podría celebrar la vista oral sino hay otros imprevistos.
