Miles de agricultores de la provincia participan desde primera hora de la mañana en la primera de las tres manifestaciones convocadas por agricultores, empresarios y políticos para reclamar al Gobierno agua y soluciones a la sequía. Hoy marchan por Murcia durante tres horas. Reclaman un trasvase extraordinario, la apertura de más pozos de sequía y que en 2018 tampoco haya "tasazo" del Tajo-Segura, que el Gobierno vuelve a recuperar aunque sea de 3,6 millones. Las semana que viene en Torrevieja y en enero en Madrid. En juego cien mil empleos, 200.000 hectáreas y mil millones de euros de facturación.
En la marcha, en la que participa el presidente de Murcia, Fernando López, destaca la ausencia de políticos y cargos públicos de la provincia salvo los alcaldes de Orihuela y Benferri. Por el sector agrario han acompañado a los agricultores de la provincia representantes de Asaja, La Coag, del Acueducto Tajo-Segura y de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó.
Tras el cierre del trasvase Tajo-Segura el pasado mayo y las nulas perspectivas de que se active durante 2018 al encontrarse los embalses de cabecera por debajo del umbral mínimo trasvasable, los agricultores ya no pueden regar y dependen únicamente de que haya precipitaciones durante las próximas semanas que eviten la pérdida de los cultivos y el consiguiente descalabro económico.
«A cien euros la hora de riego, poco brócoli vamos a poder plantar». La reflexión de Ángel Urbina, presidente de la sociedad agraria San Enrique, regante del Tajo-Segura y portavoz de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, resume la situación que la sequía ha provocado en el campo alicantino, donde se constata cada vez más la idea de que de continuar la falta de lluvias y la inmóvil política de la Administración, cerrada a mover agua en España más allá de la desalada pueden acabar a medio plazo (dos años, según este veterano agricultor) con gran parte del sector agroalimentario provincial.
La decisión del Ministerio de Agricultura, forzado por tres años consecutivos de ciclo seco, de duplicar la producción de agua desalinizada en la planta de Torrevieja a costa del malherido Tajo-Segura, multiplicará por dos, como mínimo y pese al subvención gubernamental, el coste del agua en relación al caudal del Tajo, haciendo insostenible una actividad de la que viven miles de familias en la provincia. Además, el agua desalinizada, solución puntual para el abastecimiento, debe mezclarse con otros caudales para poder regar, lo que condiciona su utilidad en el caso de que no haya agua para mezclar, un escenario cada día más próximo.
Y al fondo el boro, un metal presente en este recurso que es letal para los cítricos, el cultivo, junto a la almendra, que más sufre la falta de agua. Avena, trigo y cebada, productos de secano, prácticamente han desaparecido de las zonas históricamente productoras como la Foia de Castalla o el Alto Vinalopó. El melocotón de secano comienza a ser un «manjar delicatessen».
La provincia de Alicante, que llegó a tener en producción cerca de 180.000 hectáreas en los años 80 del siglo pasado, mantiene en estos momentos activas poco más de 125.000 hectáreas, todo un milagro para las cien mil familias que siguen dedicándose al sector en una provincia que, sin embargo, tiene un elemento clave para la agricultura, como son las cerca de 3.000 horas de sol al año, como enfatiza el catedrático Antonio Gil Olcina, cuando se refiere al valor de unas cosechas que mueven mil millones de euros al año y sostienen una potente industria agroalimentaria en Alicante y la vecina Murcia.
Sin embargo, la cíclica falta de lluvias ha empezado a tener consecuencias letales para ciertos productos antaño clásicos de la agricultura alicantina como los cítricos, el almendro, el melocotón de secano o, por ejemplo, el brócoli, una de las hortalizas más demandada en Europa que cada año que pasa pierde hectáreas y, por lo tanto, producción.
El peligroso avance que sufre el proceso de desertificación de la provincia ha provocado que en los últimos diez años se haya perdido un 40% del suelo fértil, lo que consolida a Alicante como la segunda provincia española tras Almería (70%) donde el problema de la erosión es mayor aunque, paradójicamente, la dramática coyuntura comience a trasladarse también hacia el norte de España. Según un informe del Colegio Oficial de Geólogos de España y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, más de un tercio del suelo provincial se encuentra en una situación de riesgo importante de pérdida de suelo cultivable.
El Programa de Acción Nacional contra la Desertificación advierte de que 94.360 hectáreas están afectadas por el proceso y otras 89.989 en peligro muy alto, lo que suma cerca del 40% del total de 581.000 hectáreas de superficie que tiene Alicante. Las zonas con una situación de mayor riesgo son el litoral de la Marina Baixa, el interior de l'Alacantí y todo el Alto y Medio Vinalopó. Estas áreas se corresponden con la ubicación de los acuíferos sobreexplotados y en los que el nivel del agua está a 400 y 500 metros de profundidad.
La falta de borrascas atlánticas y el anticiclón de las Azores han dejado sin lluvias a la provincia, prácticamente desde hace tres años, y han terminado por provocar un auténtico descalabro ambiental y paisajístico en una provincia en la que los agricultores más veteranos no recordaban una situación semejante desde los años 30 del siglo XX, cuando eran niños.
La sequía ha provocado, por otro lado, que las matas de tapeneras cubran el suelo de campos de limoneros para sorpresa de los agricultores que nunca lo habían visto. Las tápenas, en encurtido tras ser tratadas con sal, vinagre y agua, forman parte del alimento de la sociedad rural tradicional alicantina y hoy son un elemento clave para aderezar las ensaladas, y con buen precio en el mercado. Junto a las tápenas, las cerezas también han logrado salvar el tipo.
La Unió
La Unió de Llauradors ha participado hoy con una importante representación en la manifestación de Murcia, como inicio de las movilizaciones convocadas por los regantes en defensa del agua para la agricultura de las comarcas alicantinas con más problemas como son la Vega Baja y el Vinalopó.
A juicio de esta organización profesional agraria los problemas hídricos en las comarcas del sur de Alicante afectan a más de 30.000 familias que viven directamente de la agricultura y a otras muchas que dependen indirectamente de la actividad agraria, como es la industria auxiliar o del transporte. "Están en juego la friolera de unos 1.000 millones de euros anuales en concepto de facturación hortofrutícola y que se encuentran en peligro si no tienen agua para regar", asegura el portavoz en Alicante, Juanmi Montaner, quien indica que "las administraciones públicas no pueden hacer oídos sordos a nuestras peticiones".
