El exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, ha recusado a dos de los peritos que iban a declarar en el juicio por fraude fiscal fraude fiscalque debe celebrar contra él un juzgado de lo Penal de Alicante. El juez Eugenio Alarcón ha abierto una pieza separa para resolver esta recusación y celebrará una vista el próximo mes de febrero para deterrninar si se aceptan o no las pretensiones del exprimer edil. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que esta petición no iba a suponer más demoras en la causa, cuya fecha está prevista para el primer semestre de 2018.

La Fiscalía reclama penas que suman más de nueve años de cárcel para el exalcalde de Alicante por tres delitos fiscales durante los años 2007, 2008 y 2010 en los cuales habría dejado de pagar a Hacienda 682.651 euros en concepto de cuotas del IRPF por un patrimonio de origen desconocido. Asimismo se le reclama otra pena de nueve meses por cohecho impropio por el tiempo en que estuvo el barco del exregidor en el puerto deportivo de Alicante sin pagar amarre alguno La causa empezó a investigarse en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad al ser Alperi aforado por su condición de diputado autonómico. Sin embargo, al renunciar el exregidor de su escaño en las Cortes, la investigación fue remitida a Alicante para que se enjuiciara en esta ciudad. El pasado mes de octubre y tras tres años esperando fecha, el magistrado de lo Penal volvió a remitir la investigación al TSJ por si se declaraba competente tras el nuevo criterio del Tribunal Supremo en materia de políticos aforados. El TSJ rechazó la causa y consideró inadmisible que en todo este tiempo la causa no se hubiera juzgado todavía.

Según los autos a los que ha tenido acceso este diario, el magistrado de Alicante ya ha incoado juicio oral y ha aceptado los testigos propuestos por las partes. Sin embargo, el exalcalde ha recusado a dos de los peritos propuestos, motivo por el que se ha abierto una pieza separada para resolver la petición de Alperi.

La calificación elaborada por el ministerio fiscal no se olvida de los dos empresarios (el tercero, Javier Palacio, fue excluido ya de la causa en el auto antes citado) que, según su relato, ayudaron a quien fuera primera autoridad de Alicante a cometer los delitos fiscales. A Antonio Solana, expresidente del Alicante y amigo del exregidor, le atribuye el acusador dos delitos fiscales por los que pide, en total, seis años de prisión. Penas que, a igual que las solicitadas para Luis Díaz Alperi por el fraude fiscal, coinciden con las que reclama la Agencia Tributaria, que en este proceso ejerce la acusación particular.