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86.200 edificios de más de 50 años deben pasar una revisión antes de julio

El Consell exige que los bloques anteriores a 1960 pasen una inspección técnica

El informe de evaluación de los edificios es preceptivo para que sus propietarios puedan acceder a la línea de ayudas. ÁLEX DOMÍNGUEZ

Cerca de noventa mil edificios de la provincia tienen que pasar el obligado Informe de Evaluación Técnica antes del 28 de junio de 2018 dentro de la campaña de prevención y chequeo de estructuras puesta en marcha por la Conselleria de Vivienda, que está acompañada por una línea de ayudas económicas. El objetivo es testar el estado de los edificios, desde las cubiertas a los forjados para así determinar su grado de conservación y las mejoras a acometer.

Hasta ahora, el Consell ha concedido subvenciones por valor de 326.558 euros a un total de 874 proyectos en la Comunidad, de los que 81 corresponden a la provincia de Alicante que, al igual que Castellón, no se ha preocupado mucho de un tema del que sí hay consciencia en Valencia (616). El informe es obligatorio para los edificios de viviendas con una antigüedad superior a los 50 años y sin él es imposible acceder a las ayudas a la rehabilitación. Los inmuebles que vayan alcanzando el medio siglo a partir de junio de 2013 tienen un plazo de cinco años para pasar el informe.

En la provincia de Alicante existen 86.214 edificios construidos antes de 1960, de los que la conservación de 22.521 está considerada como mala o deficiente; 1.568 se consideran en ruinas y 62.125 en buen estado. Según los arquitectos, unos 45.000 inmuebles son susceptibles de someterse a una rehabilitación.

La Conselleria de Vivienda ha concedido hasta ahora ayudas por valor de 326.558 euros para financiar la realización del informe. Del total de ayudas solicitadas, 874, ha sido concedidas 759, el 86,8%. El resto han sido denegadas o anuladas de oficio por haber sido presentadas fuera de plazo.

En la provincia de Alicante se han concedido 81 ayudas; en Castellón 62 y en València se han aprobado 616. La directora general de Vivienda, Rebeca Torró, destaca que se han concedido 125.000 euros más en ayudas. Igualmente ha aumentado el número de concesiones, en 2016 fueron 650, y en 2017 han sido 100 más. Para Torró, «estos datos reflejan el interés de los ciudadanos por conocer el estado de sus edificios, requisito imprescindible para poder rehabilitar e ir mejorando las viviendas de personas que residen en la Comunidad Valenciana».

El informe de inspección de los edificios es obligatorio para los inmuebles de viviendas con una antigüedad superior a 50 años. En ese sentido, los edificios que el 28 de junio de 2013 tuvieran 50 años, deberán aportar el estudio antes del 28 de junio del 2018 y los que vayan alcanzando la antigüedad de 50 años desde aquella fecha tendrán un plazo de 5 años para hacer el informe partir de la fecha en que cumplen 50 años.

El informe debe aportar la evaluación del estado de conservación del edificio, las condiciones básicas de accesibilidad, demostrar que no se discrimina a las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio, y la evaluación de la eficiencia energética. El objetivo del estudio es identificar las lesiones y síntomas detectados mediante la inspección visual en sus elementos comunes como son la estructura, fachadas, medianeras, cubiertas, techos y suelos, y las instalaciones de suministro y evacuación de agua, suministro eléctrico, así como el nivel de importancia de los daños y las actuaciones de mantenimiento, de intervención a medio plazo o de intervención urgente, según sea el caso.

Respecto a las condiciones básicas de accesibilidad, el estudio debe detectar las barreras arquitectónicas detectadas y proponer las intervenciones necesarias para realizar los ajustes razonables en esa materia en sus elementos comunes.

En cuanto a la evaluación energética, ésta se limitar a la parte del edificio cuyo uso sea residencial vivienda, excluyendo los locales destinados a otros usos. No se exige que ésta esté registrada previamente en el Registro autonómico de certificados de eficiencia energética. Será el propietario quién decida registrar el certificado energético mediante tramitación expresa ante dicho Registro. Queda excluida del informe la verificación de instalaciones privativas de cada vivienda o local y aquéllas instalaciones o elementos comunes del edificio cuya revisión o inspección técnica está sometida a normativa sectorial específica, tales como ascensores, instalaciones eléctricas, de telecomunicación, de calefacción o de producción de agua caliente sanitaria.

Subvención

Por otro lado, para la línea de Rehabilitación de Edificios se han concedido ayudas por un importe de 14,5 millones de euros, lo que supone 3,4 millones más que en la convocatoria de 2016. Del total de solicitudes presentadas (1.172) se han concedido el 71,1%, es decir, 833, el resto han sido denegadas o anuladas de oficio por haberse presentado fuera del plazo establecido. Por provincias, en Alicante se han concedido 144; en Castellón se han concedido 136, y en Valencia se han resuelto positivamente 553. La directora general subraya que en la convocatoria actual el número de concesiones ha sido casi 200 más que en 2016, que ascendió a 643 pero destaca el aumento «espectacular» respecto a las últimas ayudas convocadas en 2015 por un importe de 3,7 millones de euros. en aquel ejercicio la Generalitat no aportó ninguna cantidad, «algo que sí ha pasado en las convocatorias de 2016 y 2017 con el actual Gobierno», apuntan desde la Conselleria de Vivienda.

Además, Torró asevera que el presupuesto global de inversiones es de 37,7 millones de euros y estas ayudas harán posible la generación de aproximadamente 1.800 puestos de trabajo. En definitiva, según la directora general de Vivienda, «estas dos líneas de ayudas del departamento que dirige María José Salvador se enmarcan en el objetivo de la Generalitat de dar un nuevo impulso a la rehabilitación de edificios y viviendas, y además de mejorar la calidad de vida de sus usuarios, contribuir a reactivar el sector de la construcción y de las empresas que han sido muy castigadas por la crisis».

Por otra parte, Vivienda ha empezado esta semana a abonar las ayudas del Plan Renhata 2017. Para la consellera María José Salvador, «es una gran noticia porque por primera vez después de muchos años se pagan las ayudas adscritas a la rehabilitación, en este caso las del Plan Renhata, en el mismo año de su convocatoria». Estas ayudas impulsadas por primera vez por la Generalitat contaban con una inversión de tres millones de euros de fondos propios de la administración autonómica para la renovación de cocinas, baños y para obras de accesibilidad de las viviendas». Las subvenciones han tenido una gran aceptación y «han servido para dinamizar el sector de la construcción y sectores afines», según Salvador.

La primera convocatoria de estas ayudas ha agotado el presupuesto disponible y se han superado las expectativas. De hecho, se van a beneficiar 863 familias, de las que 617 pertenecen a la provincia de Valencia, 151 a la de Castellón y 95 a la Alicante. El plan tendrá continuidad en 2018 con una partida de 5,5 millones. Se van a introducir mejoras y se estudian mecanismos para permitir que las personas que se han quedado fuera de esta convocatoria de 2017 por falta de presupuesto puedan volver a optar.

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