Ya está encima de la mesa el primer texto con propuestas concretas para impulsar la reforma de la Constitución con dos ejes principales: Estado federal y financiación justa. La realizó el Consell del Botànic en vísperas del acto institucional del 6 de diciembre que, oficialmente, se celebra en Alicante con el Teatro Principal como escenario. Es el lugar elegido, en esta ocasión y coincidiendo con el 170 aniversario de este centro cultural, para la entrega de las distinciones anuales con las que serán premiados, a título póstumo, el jurista Francisco Tomás y Valiente y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Y para el discurso institucional del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que anunciara, entre otras cosas y en presencia del Consell en pleno, la entrada de la administración autonómica en el accionariado del teatro con una inyección económica de 2,5 millones que servirán para pagar las obras de reforma del emblemático edificio y enjugar, al menos, una parte de la deuda acumulada.
La celebración del Día de la Constitución, acto institucional que el Ejecutivo que comparten los socialistas y Compromís acordó organizar en Alicante hace ahora dos años, coincide en esta ocasión con la magnitud de la crisis catalana, el grave conflicto territorial que afecta a toda España, el bloqueo del nuevo sistema de financiación autonómica y el debate sobre la vigencia de La Carta Magna, cuatro décadas después de su aprobación. La primera consecuencia es que, en esta ocasión, no habrá contraprogramación. El PP había convertido el 6 de diciembre en un campo de batalla para sacar tajada política. En plena campaña electoral en Cataluña, sin embargo, no la ha quedado más remedio a los dos principales cargos políticos del PP -el presidente de la Diputación, César Sánchez, y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Moragues- que plegar velas. Por vez primera desde que la izquierda volvió al Palau de la Generalitat, el Día de la Constitución se celebrará sin tensión y sin ninguna convocatoria alternativa. Todos estarán en el Teatro Principal.
Y la segunda consecuencia, sin duda, es la evidencia de que una parte de la solución tiene que pasar por la reforma constitucional. El Consell quiere tener un hueco en ese debate. Es una obsesión del presidente Ximo Puig que su gobierno pueda tener un papel destacado en las grandes cuestiones de Estado. Ya lo hizo con el nuevo sistema de financiación tanto en la última conferencia de presidentes autonómicos como en la entrevista que Puig compartió con Mariano Rajoy a primeros de septiembre. Y ahora también quiere maniobrar en ese terreno de juego. En su reunión extraordinaria previa al Día de la Constitución, al margen de los galardones institucionales, el Consell también aprobó una declaración de apoyo a una reforma «en profundidad» de la Carta Magna. Modelo federal, reconocimiento de la Comunidad como nacionalidad histórica, corresponsabilidad política, un mayor autogobierno y autosuficiencia financiera son los puntos clave del documento, detalló la vicepresidenta Mónica Oltra en rueda de prensa.
La redacción, ya muy avanzada, se terminará de perfilar en las próximas semanas. Está previsto que reciba el visto bueno definitivo en el seminario de invierno que el Gobierno valenciano celebrará a finales de enero -del 26 al 29- en Vinaròs, el último municipio de la Comunidad antes de entrar en territorio catalán. Y será, desde luego, la primera propuesta de trabajo que surge en España para la reforma de la Carta Magna. «Al margen de los partidos políticos las Comunidades Autónomas queremos también dar nuestra opinión», apuntó Mónica Oltra. «Tras cuarenta años ha llegado el momento de acometer un cambio de la Constitución que se adapte a los nuevos tiempos y que plasme un compromiso global con valores de democracia avanzada y de futuro», subrayó la líder de Compromís.
El Consell apuesta por un modelo federal que «reconozca la pluralidad» porque «no todos los territorios tienen los mismos sentimientos de identidad y aspiraciones», pero también que «las personas que viven en España deben tener igualdad de derechos, garantías y oportunidades». Oltra aclaró que el objetivo de la Comunidad es que se reconozca el techo competencial conseguido en la reforma del Estatuto de 2006. «Somos una nacionalidad histórica», aseveró Oltra que no descartó respaldar la propuesta del lehendakari Íñigo Urkullu para que todas las autonomías tengan un concierto económico bilateral con el Estado a la vez que pidió que los territorios tengan voz en las grandes decisiones del Estado. Se deben establecer «con claridad» las competencias de los diferentes niveles. «Unas reglas claras que no estén sujetas a la arbitrariedad», zanjó.
La propuesta de la Generalitat no se circunscribe, en exclusiva, al debate territorial. El Gobierno valenciano defenderá que se incorporen valores como la paridad de género, la sostenibilidad medioambiental o el cambio climático y la hospitalidad hacia los inmigrantes y como derechos subjetivos, y por tanto reclamables ante los tribunales, la vivienda digna, la sanidad universal, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres o la diversidad de orientación de género, entre otros. «Ojalá dentro de un año, cuando volvamos a celebrar este día, podamos hablar de que la reforma de la Constitución está completada. Sería muy deseable», apuntó el conseller de Transparencia y Autogobierno, el alicantino Manuel Alcaraz. Para Alcaraz, hay puntos de la actual Constitución que están «superados por la realidad». El conseller apostó por el modelo federal que plantea la Generalitat en tanto que, explicó, el actual sistema es «casi federal». «Es cierto que hay una amplia descentralización pero es necesario, además, reconocer la participación de cada comunidad en la toma de grandes decisiones del Estado», explicó Alcaraz que también subrayó la necesidad de que esa reforma introduzca otro marco de relaciones con Europa que abandone una «visión centralista» que tiene un impacto, dijo, además en la «política social». «Los ejes del Botànic son válidos para la reforma», concluyó.
