El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Alicante, que el viernes pasado estimó un recurso presentado por la empresa estibadora Berger Marítima contra la paralización cautelar del movimiento de graneles en el Puerto de Alicante, ha dado un paso más allá en la defensa de los intereses de las empresas y los trabajadores portuarios, al asegurar en su auto que «no constan, ni siquiera de un modo indiciario, los riesgos para la salud en que se apoya la pretensión de los afectados», representados por la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena.
El auto contempla que «la actividad en cuestión viene desde largo tiempo prestándose en las circunstancias actuales», y además, deniega la solicitud de prestación de caución o garantía por importe de 15 millones de euros, solicitada por la Asociación José María Mena como requisito para la adopción de la medida cautela.
Por su parte, los trabajadores han mostrado su satisfacción porque «el juzgado parece salir al paso de la burda argumentación de la citada asociación sobre la imaginaria repercusión negativa del tráfico de graneles del Puerto».
