Los taxistas decidirán en una asamblea el próximo lunes en las principales ciudades españolas la posibilidad de convocar una huelga indefinida a partir del martes día 5. Tras la gran manifestación contra plataformas como Uber o Cabify, los taxistas exigen un marco de convivencia del taxi con las VTC, ya que entienden que las medidas que plantea el Ministerio de Fomento son insuficientes.

Por su parte, las empresas de VTC -vehículos con conductor- que trabajan en la provincia de Alicante rechazan las acusaciones de los taxistas en el sentido de que su trabajo es sinónimo de competencia desleal. Óscar Pastor, presidente de Unauto VTC Comunidad Valenciana, afirmó ayer, en este sentido, que «los que trabajamos en el sector de vehículos con conductor contamos con nuestra tarjeta de transporte en regla expedida por la Generalitat, seguros y todos los permisos. No es cierto, por tanto, que ejerzamos una competencia desleal y, además, nos ampara la liberación que se produjo con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Por eso se ganan los recursos en los tribunales». Según los datos del Ministerio de Fomento, en la provincia de Alicante trabajan 63 coches VTC por los 1,347 taxis, lo que vulneraría en 19 coches la paridad que reclaman los taxista de una licencia de VTC por 30 de taxi.

Freno a las licencias

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, subrayó ayer, por su parte, que es «ilegal» conceder más licencias para alquiler de vehículos con conductor (VTC) y que el Gobierno está actuando en el marco de sus «posibilidades legales» en cuanto a los permisos otorgados por sentencia judicial. «Es ilegal conceder una licencia a las VTC y no se pueden dar más ni se van a dar más», dijo De la Serna tras inaugurar un encuentro empresarial portuario en Castellón.

Según el ministro, «están cubiertas ya todas» las licencias de VTC aunque «hay jueces que con sentencias judiciales están otorgando esas licencias del pasado, no del presente o del futuro. No hay más VTC. Las que se puedan dar ahora son del pasado por decisión judicial y un Gobierno lo que no puede hacer es anular las decisiones judiciales en un país democrático», aseveró el titular del Ministerio de Fomento.