Fue despido improcedente. Así considera el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la destitución en octubre de 2015 de Alberto Payá que se ha estado dirimiendo hasta ahora en los tribunales. El extrabajador tendrá que recibir una indemnización de 13.293 euros para lo cual ha pedido el embargo de las cuentas del Consorcio TV Digital Local de la Demarcación de Alicante.

El proceso se remonta a 2015. El nuevo gobierno municipal que acababa de asumir la Alcaldía destituyó entonces a Alberto Payá como coordinador entre el Consorcio TV (formado por seis ayuntamientos que ahora se han quedado en cuatro) y la televisión pública comarcal Alacantí TV al detectarse que parte de la plantilla trabajaba sin contrato. Payá apeló su despido alegando que él fue contratado para controlar los contenidos y la parrilla de la televisión pero no el personal al tratarse de una adjudicación.

En septiembre del año pasado, el Juzgado de lo Social 5 de Alicante dio la razón al extrabajador, pero el Consorcio recurrió la sentencia. El TSJCV sin embargo ha dado de nuevo la razón al empleado al considerar que «las funciones atribuidas al actor, como técnico medio, se referían al cumplimiento de obligaciones en cuanto al contenido y programación televisiva» añadiendo que «el actor no fue contratado como gestor o director de recursos humanos o como supervisor de las empresas concesionarias». En la sentencia, notificada el pasado julio, se ratifica la obligación del Consorcio de readmitir a Alberto Payá o de pagar una indemnización de 13.293 euros, opción por la que ha optado el Consorcio TV que está formado actualmente por los ayuntamientos de Alicante, Xixona, El Campello y Sant Joan.

Sin embargo, y pese a que la sentencia del TSJCV es firme al no haber sido recurrida, Alberto Payá no ha cobrado la indemnización por lo que ha pedido el embargo de las cuentas del Consorcio TV para hacer efectiva la sentencia, una decisión que actualmente está en los juzgados.

Alberto Payá se mostró ayer satisfecho ante la ratificación de la sentencia del Juzgado de lo Social del año pasado. Defiende que se trató de un despido improcedente motivado por criterios políticos al asumir el poder el nuevo equipo de gobierno alicantino, y no a criterios técnicos.

El extrabajador cree que desde el Ayuntamiento de Alicante se ha alargado el proceso al máximo para evitar cumplir la orden judicial. «Y lo siguen alargando porque la sentencia es firme. El Consorcio tiene que pagar la indemnización pero el alcalde de Alicante, como principal miembro está alargando al máximo el proceso». Con la intención de cobrar lo antes posible, Alberto Payá ha pedido en el juzgado el embargo de las cuentas del Consorcio para que la sentencia se haga efectiva.

El técnico considera que el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, «como abogado que es, sabe que hay que pagar. No me parece profesional lo que está haciendo ni como abogado ni como alcalde». Payá además denuncia que el proceso le ha perjudicado en su labor como presidente de la Semana Santa de Alicante dado que, según sus palabras «el alcalde lo mezcla todo».