El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, ha anunciado hoy la presentación de un escrito al juzgado de Instrucción Número 9 de Alicante, por parte del grupo popular, donde manifiesta su oposición al recurso de apelación a la Audiencia Provincial interpuesto por el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, que junto al jefe del Gabinete, Lalo Díez, y el asesor Pedro de Gea están procesados por el presunto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio. En el caso de los dos asesores también están procesados por posible usurpación de funciones. "Los intentos de recurso por justificar que no hay fraccionamiento son entendibles dentro del derecho de defensa, pero no pueden compartirse si se analizan las facturas, los conceptos y las explicaciones de los recurrentes", ha añadido Barcala a través de un comunicado.

Barcala explica que "se trata de un recurso [en alusión al presentado por Echávarri y sus asesores] cuya única finalidad es dilatoria, para alargar el plazo en que se puedan presentar los escritos de acusación". Además, ha valorado que "los presuntos delitos cometidos no pueden reducirse al ámbito administrativo, porque se vulneró la ley a conciencia", y se usó el contrato menor "porque por los trámites legales no habría dado tiempo, beneficiando a unos proveedores sobre el resto de la competencia, al ser elegidos directamente".

Los populares rechazan en su escrito los argumentos relativos a la supuesta contratación a precio de mercado, porque "no es una cuestión solamente del precio abonado, sino que se trata de que utilizando el contrato menor al fraccionar contratos se está privando a la competencia de acceder a unos contratos a los que podría haber accedido de haberse seguido los trámites correctos y haberse llevado a cabo un concurso público o negociado".

Barcala, además, destaca que "la persona competente en el Ayuntamiento para apreciar si hubo fraccionamiento es el interventor, quien -a su juicio- manifestó expresamente que sí lo hubo". Y además, el portavoz popular señala que "no hubo un solo argumento que no fuese ya expuesto por los denunciados en sus declaraciones y por sus abogados en los interrogatorios, y a pesar de ello la juez incoo procedimiento abreviado".

Respecto al presunto delito de usurpación de funciones, por el que los asesores Díez y De Gea han presentado recurso, el PP reitera en su escrito que "no puede prosperar por cuanto era notorio que los recurrentes eran asesores y debían actuar como tales". Por último, Barcala explica que, sin embargo, "procedieron a actuar y a realizar acciones que no se correspondía con las facultades que les correspondían, siendo conocedores de que no podían efectuarlas y que sólo los concejales tenían esas facultades, pero aun así las llevaron a cabo".