El Ministerio de Agricultura tiene previsto aprobar hoy las nuevas medidas contempladas para mitigar el avance de la sequía en las cuencas del Júcar, Segura y Duero, las más castigadas por la falta de lluvias (el minitemporal de hoy es anecdótico) que se basarán, principalmente, en la apertura de nuevos pozos de sequía, fijar un precio de 0,3 euros el metro cúbico de agua desalada y la excención de los cánones por el pago de infraestructuras, entre ellas el peaje que pagan los regantes del Tajo-Segura por el mantemiento del trasvase aunque no llegue agua desde mayo. En total, unos doce millones de euros.

La ministra de Agricultura, Isabel García-Tejerina, acaba de anunciar en la Ser que el 14 de diciembre planteará en el Consejo Nacional del Agua la modificación de los planes de sequía. Un calamidad climática que llega para quedarse y que obliga a optimizar los recursos y replantearse el sector agrícola para adaptarlo a las circuntancias porque, según la ministra, los grandes trasvases cada vez son más complicados.

La sequía de este año es atroz ya en toda España hasta el punto de que capitales como Vigo, en la España "húmeda" el Ayuntamiento no descarte acudir a lo barcos cisterna para abastecerse de agua potable como sucedió hace unos años en Palma.

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, anunció la semaña pasada en Valéncia que los regantes del trasvase Tajo-Segura no tendrán que pagar finalmente este año los 12 millones de euros que exigía el ministerio en concepto de mantenimiento de la infraestructura, aunque a Alicante y Murcia no llega una gota de agua del Tajo desde mayo debido al descenso de las reservas en los embalses de Entrepeñas y Buendía, cabecera del acueducto.

En total, la ministra aseguró que los agricultores dejarán de pagar a las confederaciones del Tajo, Segura y Júcar 47 millones de euros correspondientes a las cuotas de amortización de las diferentes infraestructuras. La medida es coyuntural hasta ver la evolución de la sequía durante 2018. La exención del pago del mantenimiento de la infraestructura del trasvase Tajo-Segura era una de las cuestiones que trasladó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a la ministra en su reunión de hace dos semanas en Madrid.

El diputado nacional del PSPV-PSOE Herick Campos ha pedido, por su parte, a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que "cumpla con lo prometido la semana pasada en la Comunidad y atienda las peticiones del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, votando en el Congreso" a favor de sus enmiendas al Proyecto de Ley contra la sequía.

Estas enmiendas se votan hoy en la comisión de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. "Con estas enmiendas se ampliaría y mucho las medidas insuficientes que contemplaban los primeros decretos de sequía del Segura y de Júcar", aprobados en mayo de 2015, así como al texto que modifican, que es el Real Decreto Ley del 9 de junio, que ahora se tramita como Ley en el Congreso.

Las enmiendas del PSOE, en cuya redacción han participado los diputados del PSPV-PSOE, incluyen establecer por ley el precio de 0,3 €/m3 para el agua desalada; poder acelerar las obras de las desalinizadoras para que estén al cien por cien de su capacidad, así como otras incluidas en los decretos y las que se tuvieran que realizar.

También se contempla la ampliación de las medidas laborales y de Seguridad Social tanto para propietarios, como para los trabajadores; reducciones fiscales de IRPF e IVA; exención de las cuotas del IBI, recargos y devolución de los que lo hayan abonado, compensando a los ayuntamientos por la merma de ingresos y aumentar los préstamos ICO bajando los tipos de interés y aumentando los años de carencia, entre otras medidas.

Medias contra la sequía

La Confederación Hidrográfica del Júcar se ha reunido hoy con los municipios y mancomunidades de más de 20.000 habitantes de la demarcación para coordinar las actuaciones a poner en marcha para paliar los efectos de la sequía.

En este encuentro, celebrado en la sede del organismo de cuenca, la CHJ ha pedido a los responsables municipales que redacten o adapten sus planes municipales de emergencia ante situaciones de sequía tal como establece la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que dispone que las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, a una población igual o superior a 20.000 habitantes, deberán disponer de un Plan de Emergencia que deberá tener en cuenta las medidas previstas en los Planes Especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequia de los organismos de cuenca.

En este caso concreto, lo recogido en el Plan Especial de Alerta y Eventual Sequia de la CHJ, que se aprobó por orden ministerial de 21 de marzo de 2007, y que es el instrumento que permite gestionar la sequia se forma anticipada, atendiendo a la evolución de un conjunto de indicadores que se miden en 34 puntos de la cuenca y establecen los escenarios en que se encuentran los diferentes sistemas de explotación, normalidad, prealerta, alerta o emergencia.

Además, también se ha informado a los ayuntamientos que, en cumplimiento de lo dispuesto en el RD 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprobaron los planes hidrológicos de cuenca de las demarcaciones intercomunitarias, correspondientes al segundo ciclo de planificación, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General del Agua, ha puesto ya en marcha el procedimiento para la revisión de los Planes Especiales de Alerta y Eventual Sequia de todas las demarcaciones hidrográficas de su competencia.

Esta revisión permitirá potenciar al vigente sistema de indicadores que permiten diferenciar con claridad las situaciones propias de sequía hidrológicas de las de escasez así como mejorar las acciones y medidas a adoptar para luchar contra la sequía gracias a la experiencia adquirida en estos diez años que los planes de sequía llevan en vigor.

El próximo mes de diciembre saldrá a consulta pública la revisión del Plan Especial de Alerta y Eventual Sequia de la CHJ conjuntamente con el resto de demarcaciones hidrográficas, por un plazo de tres meses, por lo que el Organismo de cuenca ha invitado a los Ayuntamientos a participar en ese proceso de consulta aportando las sugerencias que estimen oportunas.

La mejora de la coordinación y colaboración entre las administraciones permitirá dar respuestas más eficaces frente a situaciones extremas, y ello redundará en beneficio de los ciudadanos.