Unas ochenta autoescuelas de la provincia volvieron a manifestarse ayer por las calles de Alicante, entre el mercado de Babel (barrio en el que se realizan las pruebas) y la Plaza de la Montañeta, en el centro de la ciudad, para protestar por la situación en la que se encuentra el sector y sus miles de alumnos por la huelga que mantienen los examinadores de Tráfico desde el pasado 19 de junio, examinando tan solo dos días a la semana.
Paros que se van a extender al inminente mes de diciembre, y que ya han provocado que en la provincia de Alicante la realización de exámenes se haya reducido un 40% este año, al pasar de las 84.746 pruebas realizadas en los diez primeros meses de 2016 a las 50.981 del mismo periodo de este año, 34.165 menos.
Cuatro mil alumnos alicantinos siguen esperando para realizar el examen práctico y el conflicto, además, se agrava por momentos. La Dirección General de Tráfico, que ha dejado de ingresar 15 millones de euros en tasas, tiene previsto comunicar hoy al comité de huela de la asociación de examinadores (Asextra) los servicios mínimos del 50% impuestos a partir de este viernes, cuando arranca el sexto mes consecutivo de paros.
Ayer, la protesta de las autoescuelas colapsó por momentos el centro de la cuidad lo que hizo, incluso, que las autoescuelas redujeran unos minutos la marcha por las calles «porque lo que no queremos es que la paguen los ciudadanos. A Tráfico le exigimos que negocie de una vez con sus funcionarios y arregle un problema laboral que está afectando a terceros que no tenemos culpa y somos los grandes perjudicados», subrayó Lola Mula, presidenta de Unión Vial, asociación de autoescuelas de la provincia.
Los paros están provocando que se suspendan pruebas sin previo aviso y una desbandada general de alumnos. Casi dramático es el caso de Mario, un alumno de Alicante que lleva cinco meses esperando cita para la prueba. Para colmo estudia en Barcelona lo que añade más complicaciones a su situación, ya que «tampoco me arriesgo a viajar hasta Alicante cuando dan una cita porque puedo encontrarme con que ese día el examinador decide hacer paro».
Tráfico y el colectivo de examinadores llevan varios meses cruzándose acusaciones. Mientras la DGT asegura que entre aumentos salariales y complementos ya ha alcanzado los 250 euros, los profesionales aseguran que no es cierto y exigen mayor voluntad política para solucionar un problema que nació, según Vanesa Fernández, miembro del comité de huelga, de un agravio en la negociación del convenio colectivo de 2010, cuando se aprobaron complementos de destino y específico a todos los funcionarios de la Dirección General de Tráfico excepto a los examinadores, según recoge una carta abierta publicada en la web de Asextra.
Los examinadores denuncian que existe desde 2005 el compromiso del Gobierno de aprobar un complemento mensual de 250 euros. La asociación denuncia que al margen de que la cantidad deba incorporarse a los Presupuestos Generales de 2018, «la Dirección General de Tráfico puede asumir esa subida con cargo a su remanente de igual modo que hizo en el año 2008 cuando se le incrementó nada más y nada menos que el complemento de destino y el complemento específico a la mayoría de los funcionarios de dicha dirección general. Subida que no se hizo efectiva para el colectivo examinador. Llevamos ya cerca de diez años esperando que se haga justicia con la discriminación sufrida en dicho año 2008», subraya el colectivo.
Interior admite la necesidad de ampliar hasta 176 nuevas plazas de examinadores en España, pero la realidad es que hoy sólo hay 20 personas formándose, más 32 plazas del Ministerio de defensa para hacer frente a los servicios mínimos y tan solo 70 nuevas plazas de examinadores, con lo que para 2018 solo habrá 62 profesionales nuevos.
