La Audiencia ha rechazado que el arquitecto Jesús Quesada vuelva a estar imputado por los presuntos amaños del Plan General de Alicante y ha confirmado el procesamiento de la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo por esta causa, según el auto notificado ayer a las partes. De esta manera, la Sección Segunda ha rechazado los recursos de súplica que tanto la Fiscalía Anticorrupción contra el auto en el que se acordaban ambos extremos el pasado septiembre. La sala despeja así el camino para que el juez instructor cierre la causa.

En los dos casos, el tribunal no aprecia los motivos de nulidad que planteaban ambas partes y considera que es una mera disconformidad con lo que se había resuelto en un auto contra el que no cabía recurso. Los magistrados recuerdan que el recurso de súplica está previsto sólo en el caso de que exista una vulneración de los derechos fundamentales de alguna de las partes, algo que, para la sala, no se ha producido.

La causa es una pieza separada del llamado caso Brugal y en ella están imputados los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, así como el promotor Enrique Ortiz. El juez Manrique Tejada acordó el pasado enero el procesamiento de éstos y de otros siete investigados por los presuntos amaños del PGOU Alicante. La Audiencia mantuvo el procesamiento para la mayoría de los investigados a finales de septiembre, pero archivó la causa para el redactor del planeamiento investigado, Jesús Quesada, al no ver indicios de que facilitara información reservada al empresario.

La Fiscalía consideraba que la exclusión de Quesada de la causa vulneraba sus derechos como acusación, al entender que había siete indicios contra el arquitecto que justificaban que se sentara en el banquillo. La sala ha rechazado estos argumentos recordando que no aparecían en el auto del juez instructor. También Anticorrupción ponía en duda las competencias del tribunal para sobreseer la causa a Quesada en esta fase del proceso. Los jueces se consideran facultados para dictar el sobreseimiento y dicen que «no se aprecia motivo alguno de nulidad al responder los pronunciamientos del auto dictado a las facultades que la Ley nos atribuye».

Por su parte, la defensa de Castedo planteba también que la resolución era nula al considerar «contradictorios» los delitos investigados con la actuación de la exalcaldesa. Asimismo exigían un pronunciamiento expreso de la sala sobre la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se basa el caso. La Audiencia responde que se trata de los mismos argumentos que ya se expusieron en la anterior apelación y que ya quedaron resueltos entonces. El tribunal rechaza que se haya generado indefensión hacia Castedo y afirma que se trata de una disconformidad de la parte con la resolución.

El proceso está a falta de que la Audiencia resuelva otro recurso del fiscal para que el juzgado admita un informe aportado por el Ayunyamiento en el que se valora el beneficio económico que habría obtenido Enrique Ortiz con el planeamiento urbanístico bajo sospecha. El documento aseguraba que el promotor habría ganado 42 millones con el PGOU investigado y fue rechazado por haberse aportado de manera extemporánea cuando el proceso ya estaba cerrado.