El Ayuntamiento de Alicante recurrió ayer la sentencia judicial que obliga a aprobar el cambio de calles franquistas en el pleno. Fuentes municipales confirmaron que el plazo para la presentación del recurso acababa ayer, aunque aseguraron que se retirará si finalmente se llega a un acuerdo en el pleno para retirar los nombres franquistas del callejero de la ciudad de Alicante.
La juez titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante, María Begoña Calvet, anuló el acuerdo de la Junta Local de Gobierno de fecha 15 de noviembre de 2016 por el que el tripartito aprobó sustituir la nomenclatura de unas 47 calles y plazas de Alicante por su vinculación al franquismo y en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
El recorrido de ese recurso judicial está, en buena parte según el Ayuntamiento de Alicante, a expensas de que los grupos municipales lleguen a un pacto que se pueda refrendar en el pleno municipal. La Comisión de la Memoria Histórica se reunió ayer y decidió aplazar hasta el próximo 5 de diciembre la negociación sobre un posible acuerdo. Entonces, está previsto que los cinco grupos con representación en el Ayuntamiento eleven su propuesta para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en el callejero con la opción de dejar para una posible segunda fase las seis calles (Calvo Sotelo, Primo de Rivera, Manuel Senante, Martínez de Velasco, Ruiz de Alda y Vázquez de Mella) que según el PP no vulneran la Ley de Memoria Histórica.
El concejal socialista Fernando Marcos, que a partir de ahora ejerce como presidente de la comisión municipal, subrayó ayer la necesidad de «acabar cuanto antes con la infamia que es tener en nuestra ciudad calles con nombres de personas que representan un período tan negro de nuestra historia reciente».
En la Comisión celebrada ayer, Compromís fue el grupo que evidenció más prisas para llevar el acuerdo al pleno. De hecho, según fuentes municipales, la formación que lidera Natxo Bellido pretendía que fuera a la sesión prevista para el próximo 30 de noviembre. En cambio, PP y Ciudadanos abogan por abordar el asunto con más calma, para evitar «caer en los errores del pasado».
La portavoz adjunta de Compromís, María José Espuch, cargó contra la actitud del PP y Ciudadanos en la Comisión al considerar que «ambos grupos, en especial el PP, han demostrado que el recurso presentado contra la reposición de las calles franquistas fue una argucia para retrasar el cambio». Compromís, al igual que Guanyar y el PSOE, esperan que se llegue a un acuerdo en el seno de la corporación que se pueda someter a votación en el último pleno del año, en diciembre.
Por su parte, la portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, criticó las prisas exhibidas por Compromís. « Nos extrañan las prisas de Compromís que incluso quería llevar a este próximo pleno el cambio de calles con nombres franquistas. Desde Cs tenemos la impresión de que no han entendido nada de todo lo que ha ocurrido», apuntó Giraldo.
En la misma línea que Ciudadanos se pronunciaron desde el PP, partidarios de iniciar una negociación calle por calle para valorar las que realmente incumplen la Ley de Memoria Histórica. Además, según la edil popular Mari Carmen de España, la comisión de pleno no tiene que ser el órgano competente para proponer los nombres que sustituyan a las denominaciones franquistas.
