En apenas diez minutos solventó el alcalde de Alicante, el socialista, Gabriel Echávarri, su declaración ante la juez como investigado por el despido de la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala. Un interrogatorio en el que no hubo preguntas de la Fiscalía. El primer edil se limitó a ratificarse en lo que ya declaró ante el Ministerio Público el pasado 26 de octubre, antes de que se denunciaran los hechos ante el juzgado. En dicha comparecencia, Echávarri defendió que la decisión de despedir a Catalina Rodríguez fue legal y que mantenerla en su puesto de trabajo era una ilegalidad manifiesta porque ya no se encontraba en la plaza para la que fue contratada como interina. El juzgado de Instrucción dos de Alicante investiga por un delito de prevaricación a Echávarri y a su concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez. Ayer la magistrada Patricia Romero le preguntó si quería añadir o matizar algo más a lo declarado entonces y el alcalde se limitó a mantenerse en su anterior declaración. El despido se firmó después de que el PP hubiera denunciado al alcalde por un presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio, hechos por los que el primer edil acaba de ser procesado.

Fuentes del Ministerio Público apuntaron que la declaración en la Fiscalía del alcalde era reciente y en ella tuvo ocasión de dar todas las explicaciones que considerara convenientes sobre su decisión, por lo que volver a preguntar sobre lo mismo era reiterativo, dado que dicha comparecencia tiene validez para la causa. El teniente fiscal José Llor que investigó los hechos fue sustituido ayer ocasionalmente en el interrogatorio por el responsable de Anticorrupción, Felipe Briones, a causa de una baja médica. La decisión de no preguntar causó extrañeza entre las defensas, al entender que las declaraciones deben hacerse en sede judicial.

Igual de fugaz fue la comparecencia del concejal Carlos Giménez, cuyo interrogatorio empezó antes de lo previsto al haber llegado al Palacio de Justicia con anterioridad a la hora señalada y terminó también a los diez minutos, cuando aún no era el momento en que estaba citado. Giménez ya declaró en la Fiscalía por estos hechos en septiembre y ayer también se remitió a lo ratificado entonces, sin preguntas por el fiscal. Giménez sostiene que cuando ocurrieron los hechos estaba de viaje en Santander y que el alcalde le llamó para comunicarle que se iba a proceder al despido. A la vuelta, el edil señaló que firmó el decreto a la vista de que el cese contaba con el informe favorable de los técnicos.

Las declaraciones se retomarán el 11 de diciembre cuando han sido citados como testigos los técnicos que redactaron el decreto del despido y una asesora jurídica.