24 de noviembre de 2017
24.11.2017

El Satse denuncia que los centros de salud no tendrán ambulancias para cubrir avisos urgentes

El sindicato alerta de la posible demora en las asistencias

24.11.2017 | 13:54
Imagen de la entrega de la denuncia

El Sindicato de Enfermería Satse denuncia que el nuevo contrato de ambulancias externas para el transporte de enfermos y de personal sanitario excluye "el traslado de personal sanitario para realizar visitas domiciliarias desde los centros de salud, consultorios, puntos de atención continuada, puntos de atención sanitaria o cualquier otro centro sanitario o socio-sanitario", según se recoge en el propio documento.

La Conselleria de Sanidad ha firmado con la empresa adjudicataria el nuevo contrato de ambulancias, que entra en vigor a primeros de año 2018, y ha pagado 234.597.924,68 €. Según el Satse, la conselleria ha establecido que las enfermeras y médicos acudirán a las urgencias desde los puntos de atención continuada (PAC) y los puntos de asistencia sanitaria (PAS) de los centros de salud a los domicilios de los pacientes con los vehículos particulares, puesto que ya no podrán usar el servicio de ambulancias para estos menesteres. Así, una vez en el domicilio y viendo la situación en la que se encuentra el pacientes, serán ellos los que llamarán o no a las ambulancias si la gravedad del paciente así lo determina.

Una situación "que va a conllevar un deterioro muy grave en la calidad de la asistencia urgente, ya que se producirá un retraso en la primera asistencia, al no disponer de todo el material sanitario y una ambulancia para trasladar al enfermo en caso de mucha gravedad".

El Satse recuerda que cuando se avisa desde un domicilio para una urgencia, el familiar o persona que llama para comunicarlo no es personal sanitario, con lo cual, "la información que da respecto a los síntomas no suele ser la "correcta", por lo que a veces se comunican unos síntomas que orientan a pensar que el enfermo sufre una patología más o menos grave de la que tiene realmente".

Para una correcta asistencia urgente o de patología no demorable, "los profesionales sanitarios necesitan acudir al domicilio y verificar que patología sufre el enfermo, llevando el material y la medicación, esto no se puede hacer si el conductor acude solo al domicilio o si la enfermera tiene que acudir por su lado al domicilio del enfermo". "¿Qué material tiene que cargar en su coche? ¿Ha tenido en cuenta la Conselleria de Sanidad que los seguros de los coches no cubren el utilizar el vehículo para uso laboral, el transporte de mercancías peligrosas (oxigeno), materiales biopeligrosos (agujas, jeringuillas, residuos de materiales y medicaciones oncológicas, sangre, restos biológicos, vacunas, etc.)?", se pregunta el Satse.

Además, el sindicato recuerda que por el hecho de transportar este material "puede suponer una multa si la enfermera es parada por la Policía o la Guardia Civil". Además "de que no viene recogido en ningún documento de la conselleria la obligación de tener carné, ni vehículo propio para desarrollar nuestro trabajo".

El material que transporta la Enfermería para una urgencia vital "pesa cada bolsa más de 8-9 kilos, y según exige el Real Decreto de Manipulación de cargas para evitar problemas dorsolumbares, no se ha de transportar mercancía pesada a pulso o sobre el cuerpo, más allá de 10 metros, y un máximo de 3 kilos".

Según el Satse, la solución de la Conselleria, si no queremos emplear el coche, "es que hemos de andar cientos de metros o incluso kilómetros porque la ambulancia ya no nos lleva a los domicilios y encima hay que subir a pisos sin ascensor (3º o 4º), y por escaleras estrechas, acabamos agotados, y no olvidemos que luego hay que volver al centro". Con ello, solo se consigue que perdamos mucho tiempo en llegar a la urgencia, volver, y en muchas ocasiones recuperarnos físicamente, con lo cual, tampoco podemos atender a la gente que está esperando en el centro de salud o servicio de urgencias de forma adecuada.

Por todo ello, los delegados de prevención del Sindicato de Enfermería ha presentado denuncias en los que se solicita la actuación urgente en las tres provincias por parte de la Inspección de trabajo de Alicante, Castellón y Valencia para que tomen medidas ante este asunto.

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