Los grupos políticos de las Cortes Valencianas - PP, PSOE, Compromís y Podemos- han aprobado hoy por unanimidad una propuesta del grupo Compromís en el que instan al Consell a que exija al Gobierno central que instale en el Puerto de Alicante las naves cerradas para el movimiento de los graneles, tal como reclaman los vecinos del entorno. La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de todos los partidos a una iniciativa defendida por la diputada eldense Cristina Rodríguez, que pide que el moviemiento de granel se realice como el puerto de Santander. Ciudad que logró una terminal especial siendo alcalde Íñigo de la Serna, actual ministro de Fomento.
El Ayuntamiento de Alicante y el Puerto han dejado sin efecto los tres decretos del exvicealcalde Miguel Ángel Pavón ordenando la paralización del movimiento de graneles en los muelles 11, 13 y 17 y la actividad sigue desarrollándose con normalidad para decepción de los vecinos del entorno. El permiso coincide con el fallo hecho público ayer por el titular del Juzgado número uno de lo Contencioso-Administrativo de Alicante que suspende de manera cautelar la aplicación del decreto de Pavón suspendiendo la operativa a la empresa Bergé. Otro juez también ha seguido el mismo camino con el decreto contra Alicante Port, según apuntó su portavoz, Felipe Fuster. El fallo judicial tiene fecha del martes, 21 de noviembre.
La paralización del movimiento del granel estaba a al espera de lo que decidieran los jueces, ya que las tres mercantiles estibadoras de graneles recurrieron la desestimación por silencio administrativo de los recursos de reposición interpuestos el pasado 14 de septiembre contra los decretos de la Concejalía de Urbanismo, del 11 de agosto por los que se requirió a cada una de las empresas licencia ambiental para el desarrollo de su actividad.
Las mercantiles solicitaron simultáneamente del Juzgado de lo Contencioso que prolongara o extendiera, en fase judicial, la medida cautelar de suspensión de ejecución de dichos decretos. Estos últimos se encontraban ya suspendidos desde el pasado 15 de octubre, según Alicante Port, Cesa y Bergé, al no haberse pronunciado expresamente el Ayuntamiento sobre las peticiones de su suspensión dentro del plazo máximo legal del mes siguiente a la fecha la solicitud del 14 de septiembre.
Los abogados de las mercantiles entendían, como así ha sido, que hasta que se pronuncie el correspondiente Juzgado Contencioso sobre la procedencia de adoptar o no dicha medida cautelar, los decretos están suspendidos automáticamente por imperativo legal, tal y como ha venido corroborando una constante jurisprudencia del Tribunal Supremo y de Tribunal Constitucional.
El fallo del juez estima la suspensión cautelar de los decretos del exedil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, al dar por válidos los tres permisos favorables a la actividad de graneles en el Puerto de Alicante. En concreto, en primer lugar la resolución de la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Medio Ambiente que en noviembre de 2011 (según reza la sentencia) se concedió a la Autoridad Portuaria de Alicante la autorización administrativa de emisiones a la atmósfera para la instalación de carga, descarga, transporte y almacenamiento a la interperie de mercancías a granel en los muelles 11, 13 y 17 del Puerto.
En segundo lugar, la licencia provisional que tienen las empresas -en este caso Bergé- de seis meses «táctitamente renovable» de la Autoridad Portuaria, titular de las instalaciones, para la explotación de los muelles y en tercer lugar la Declaración Responsable formulada ante el Ayuntamiento de Alicante el 14 de diciembre de 2016 para la actividad de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancías y graneles pulverulentos en los muelles.
Por otro lado, el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo también ha tenido en cuenta las consecuencias que la paralización de la actividad en los graneles hubiera tenido en la economía del propio Puerto con la pérdida de 4.150 jornales anuales correspondientes a una reducción del 27% en la plantilla portuaria, así como la pérdida de 70 empleos relacionados con la mercantil Mineral Lucentum. Empresa que estaría abocada al cierre si se suspendiera el movimiento de graneles. Otra mercantil directamente afectada hubiera sido Áridos Sierra Negra. El fallo no entra a valorar el tema de la contaminación en el entorno, que sigue su curso en la Generalitat y en la Unión Europea.
Pavón insiste en la licencia
Tras conocer el auto del juez, el edil Miguel Ángel Pavón, firmante de los recursos señaló, que «estamos convencidos de que el Ayuntamiento debe defender sus propios actos ante el Juzgado en el plazo de tres días que se concede para formular alegaciones. Y esperamos que el Juzgado resuelva finalmente en el sentido del levantamiento de la suspensión adoptada de modo que prime la defensa del interés general ligado a la protección del medio ambiente y la salud sobre los intereses económicos vinculados a la actividad de carga y descarga de graneles».
Pavón subrayó que «el auto conocido en absoluto prejuzga el fondo del asunto, si el instrumento de intervención ambiental aplicable es la licencia ambiental o la declaración responsable. En ese sentido, sucesivos decretos municipales sustentados en informes técnicos y jurídicos consideran que la actividad debe someterse a licencia ambiental, consideración con la que coincide la Generalitat».
