Prefiere ocultar su nombre tras las iniciales de C. R. porque aún tiene miedo de su agresor. Todavía está pendiente de dos juicios porque su pareja quebrantó la orden de alejamiento que un juez le impuso cuando se presentó en el colegio de su hija amenazándola, insultándola y dándole empujones. Un episodio que se repitió más tarde durante unas hogueras de madrugada cuando «me estuvo siguiendo por toda la ciudad». De todo esto hace tres años C. R. denuncia que en su momento dio aviso al policía que tenía asignado «y no me ayudó en nada». Ni siquiera el juicio ha salido.

Cansada del acoso al que se veía sometida por parte de su ex pareja decidió acudir a Cruz Roja, «donde me dieron un dispositivo de geolocalización y desde entonces no ha vuelto a molestarme».

Ahora lucha porque su ex marido cumpla con la pensión de alimentos y con el régimen de visitas que el juez impuso y que tampoco cumple. Atrás han quedado año y medio de malos tratos psicológicos que comenzaron nada más casarse. «De novios todo fue estupendo, pero cuando nos fuimos a vivir juntos empezaron los celos y a machacarme con frases como que no valía nada». La gota que colmó el vaso llegó con el embarazo de C. R. «Tuve una amenaza de aborto y problemas posteriores y él me llegó a culpar de todo. Me dije que hasta ahí habíamos llegado».

Tomar la decisión fue relativamente sencillo para esta mujer, ya que trabaja, aunque no de manera continua, y tiene familia que la puede ayudar. Asegura que le costó dar el paso sobre todo por su hija. «Me aterrorizaba pensar en manos de quién la dejaba cuando se la llevara los fines de semana». Por eso entiende que haya mujeres que aguanten este tipo de situaciones por sus hijos. «Además, las víctimas estamos muy desprotegidas, sobre todo las de maltrato psicológico, ya que es muy difícil de probar porque no hay testigos y aunque demuestres que has estado en tratamiento psicológico, eso no cuenta».