Casi 4.000 mujeres víctimas de maltrato por parte de sus parejas son objeto de protección policial en la provincia, lo que requiere de una gran infraestructura para garantizar su seguimiento. Así figura en el fichero de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior (VioGén), donde se evalúa el riesgo de cada caso -bajo, medio, alto y extremo- en función del cual se establece una «tupida red» de protección de las mujeres maltratadas y de los menores que de ellas dependan. Las medidas van desde la orden de alejamiento del maltratador a planes personalizados de autoprotección y sistemas de alerta mediante mensajes electrónicos dirigidos a la Policía o a la Guardia Civil si la víctima está en peligro. Pero todavía hay muchos casos que no afloran.
Cuando la víctima no denuncia porque tiene miedo de su pareja el entorno es fundamental: familiares y amigos que hayan sido testigos del maltrato puede evitar un fatal desenlace. Es lo que ocurrió hace unos meses en Alicante con una mujer de cuyo caso la Policía Nacional tuvo la primera noticia cuando ella llegó al hospital, donde estuvo una semana con daños importantes por la paliza con objetos punzantes. El testimonio de un hijo de ella, de 17 años, que contó a los agentes que su madre le llamó para despedirse, permitió que el maltratador esté en prisión.
El entorno puede destapar casos en auge entre chicas muy jóvenes que aceptan la posesión total por parte de su pareja, palizas incluidas, y que se niegan a delatarlos. Un caso así se dio en Alicante y tuvieron que denunciar la madre de ella y sus amigas para que las autoridades pudieran intervenir.
En la Unidad de Familia y Mujer de la Comisaría de la Policía Nacional en Alicante (UFAM), que también incluye protección, integración y atención a menores (la componen unos 25 agentes), no terminan de acostumbrarse a estos casos pese a que reciben una media de 60 al mes. «Es mucho», afirma la inspectora Verónica G. H., sorprendida con los llamativos casos que se dan entre parejas jóvenes «de entornos normales».
«Está habiendo un retroceso. Es como si nos hubiéramos saltado una generación y volviéramos a la época de nuestros abuelos, una involución. Son muy celosos y posesivos para ser tan jóvenes, ellos y ellas. Hay chicos que las obligan a pasear por la calle mirando al suelo, les impiden maquillarse y les piden no relacionarse con amigos. Ellas aceptan encantadas y les dicen: soy tuya. Las chicas les dan sus contraseña de Facebook e Instagram, pero también se las piden a ellos porque tienen que compartirlo todo. Se llega a tal extremo que se dictan normas de vestimenta dentro de la pareja». También sabe de casos en los que el chico no deja depilarse a la chica o le compraba ropa masculina.
La inspectora opina que en este tipo de relación al alza entre los jóvenes influye el que se relacionen más a través de las redes sociales que en persona. «Cosifican y despersonalizan. Se lanzan más a escribir burradas y de tanto escribirlo y verlo lo consideran normal». También cree que tienen algo que ver las canciones de reggaeton con letras machistas que escuchan.
En el segmento opuesto de edad se está dando el fenómeno contrario. En el Gabinete de Violencia Doméstica de la Policía Local de Alicante (Gavid), formado por 4 agentes femeninas y 7 masculinos, ven con sorpresa cómo cada vez más mujeres de edad avanzada, de 70 y 80 años, se atreven a denunciar. Lo ratifica la Policía Nacional, a cuya oficina de denuncias llegan mujeres mayores, a menudo empujadas por sus propios hijos, que suelen repetir cuando declaran, explican los agentes, que las palizas o tener relaciones aunque no quieran es su deber como esposas porque llevan haciéndolo 40 años.
Si la mujer ejerce su derecho a no declarar contra su pareja y se aprecia riesgo, se le busca apoyo familiar si no quiere ir a un centro y se alecciona a los niños para tener el móvil cerca y llamar a los vecinos o a la propia Policía si se ven en peligro. Si la mujer interpone denuncia, se levanta parte de lesiones si las hay. Al día siguiente hay un juicio rápido al maltratador y a ella se le asigna un agente que la protege por si el agresor quebranta la orden de alejamiento. En los casos en que la Policía interviene tras recibir la llamada de un vecino o de la víctima puede actuar de oficio aunque no medie la denuncia.
También pueden abrir una investigación gracias a una grabación, como ocurrió con la agresión el pasado año en Sant Joan que fue captada por las cámaras de seguridad de una comunidad de vecinos. «Por casualidad, las imágenes fueron visionadas por la persona encargada, que puso en conocimiento de los agentes la agresión y procedieron a la detención inmediata del autor. En estos casos, las imágenes son imprescindibles para poner a salvo a la víctima, lejos del maltratador, que a día de hoy está en prisión», explican desde la Guardia Civil de Alicante.
Los agentes evalúan el riesgo de cada caso con base en factores como que la espiral de violencia haya aumentado en los últimos seis meses o que el agresor haya usado armas. En la provincia hay 18 casos con un nivel de riesgo alto, 348 de riesgo medio y 1.505 de riesgo bajo.
Cuando acaba de tramitarse la denuncia es cuando empieza el trabajo de los agentes, explican el inspector Iván Torregrosa y el agente Rafael Guijarro, de la Policía Local de Alicante, donde tras el asesinato de una mujer en Elda a las puertas de un centro escolar, entró el caso de un hombre que llamó a su mujer para decirle que iba a atropellarla también en un colegio. Esto es el efecto imitación. «Vigilamos que el denunciado cumpla la orden de alejamiento y el régimen de visitas que establece el juez, pero también las escuchamos a ellas cuando nos llaman para decirnos que les ha devuelto a los niños con piojos. Las acompañamos al domicilio a retirar enseres y si son inmigrantes a realizar trámites de extranjería». En esos casos los coches son camuflados, sin distintivo policial. «Somos muy rigurosos en el seguimiento de los casos, con tolerancia cero. Un solo fallito se puede pagar caro». Sólo en Alicante hay 600 mujeres protegidas y otras tantas en Elche.
Las familias suelen colaborar en el régimen de visitas de los niños pero si existe mucho conflicto se realizan a través de puntos de encuentro tutelados y custodiados por la propia Policía.
