De la denuncia de que las desaladoras son las centrales nucleares del mar (Esteban González Pons dixit allá cuando hacía política en la Comunidad Valenciana) a hacer suya la «cláusula Narbona» para combatir la sequía con agua desalada (Isabel García-Tejerina, noviembre 2017). Y es que si para algo sirvió la reunión mantenida en Madrid entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la titular de Agricultura para buscar medidas contra la sequía fue para constatar que los agricultores de la provincia de Alicante, y a este paso cualquier alicantino, sea cual sea su forma de ganarse el pan, van a tener que volver a sacar a los santos a las calles para pedir la tan necesitada lluvia, las rogativas «ProPluvia» que encabeza el arzobispo Cañizares.
Con el trasvase Tajo-Segura cerrado desde mayo, con las pocas ganas que tiene el Gobierno de afrontar la reordenación de los recursos del mismo Tajo y del Duero, y con el Ebro siendo un río tabú para populares y socialistas, la única alternativa real que tiene ahora el Gobierno para paliar la falta de agua en Alicante sigue siendo, por mucho «pull» de recursos que nos vendan, la desalación. La ministra García-Tejerina ha llevado al máximo las teorías de Cristina Narbona sobre el agua desalada y, sobre todo, la famosa cláusula que introdujeron los socialistas cuando en la derogación de la parte del Plan Hidrológico Nacional, dejaron negro sobre blanco que los aportes del Tajo a Alicante y Murcia se reducirían a medida que se fuera inyectando al sistema el agua desalada. El PP, que tanto criticó y aprovechó la tristemente célebre cláusula, la aplica ahora a rajatabla con el silencio cómplice de muchos regantes, los mismos que en su día estuvieron a punto de hacerle «vudú» a la ministra socialista. Por menos de lo que ahora hace el Gobierno, amparado por una sequía que hoy es incuestionable, los agricultores hubieran sacado los tractores a la calle contra el PSOE, formación, ojo, tan culpable como los populares a la hora de no encontrar una solución para la estructural falta de agua en la provincia de Alicante.
Si las rogativas a las que ya empiezan a recurrir los clásicos fallan y en este punto parece que cambio climático y religión como que no se llevan mucho, la provincia parece abocada en el futuro a consumir para todo agua desalada, principalmente por la poca cintura política y técnica de todos los padres de la patria que pasan por el Congreso de los Diputados, y la indiferencia o la disciplina de partido de los que ocupan el Palau de València.
Los que saben, y en la provincia tenemos a un sabio como el geógrafo Antonio Gil Olcina, no se cansan de apuntar que la solución pasa por el agua residual regenerada, los pozos, la desalación y los trasvases, la famosa interconexión de las cuencas de la que en España se viene hablando desde la República, pero que ningún gobernante se ha atrevido a llevar adelante. La provincia de Alicante necesita como mínimo 900 hm³ al año para funcionar en todos los órdenes, y de recursos propios, incluido el agua desalada, solo se dispone de unos 650 hm3. Unos 250 hm³ tienen que llegar de los trasvases, ahora mismo de un Tajo cerrado y de un Júcar-Vinalopó que funciona al 15% de su capacidad.
Ahí queda el aviso.
