La Asociación de Trabajadores Dependientes de la Actividad del Puerto de Alicante (ATDAPA) considera los decretos que Miguel Ángel Pavón firmó días antes de dejar el cargo de concejal de Urbanismo , donde se ordenaba el cierre de los graneles, «comportarían una actuación prevaricadora y generadora de responsabilidad patrimonial, provocada por la respuesta tardía y la parálisis de la Concejalía de Urbanismo».

Según el colectivo que representa a 1.800 familias, las medidas «in extremis» de Pavón entran en contradicción con los decretos de requerimiento de licencia ambiental de 11 de agosto de 2017, que «se encuentran suspendidos hasta que los juzgados de lo contencioso se pronuncien sobre la medida cautelar de suspensión», circunstancia por la que fue advertido el Ayuntamiento antes de dejar Pavón el cargo.

ATDAPA asegura en un comunicado que están «atónitos ante el nuevo esperpento de Miguel Ángel Pavón, en una huida hacia adelante, que trata de esconder su ineptitud al frente de las concejalías que ha estado llevando hasta ahora». Los trabajadores critican al exconcejal de Urbanismo por afirmar que «los decretos de suspensión de actividad de los graneles responden a las directrices marcadas por la Conselleria de Medio Ambiente». Los empleados indican que Pavón «justifica sus resoluciones en un escrito remitido por el director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer, en abril de 2016. No sabemos bien que quiere denunciar Pavón: ¿Que ha sido incapaz de ejercer su responsabilidad durante 19 meses? ¿Que ha tenido miedo por las consecuencias y que ahora reclama a otros? ¿Que utiliza el decreto de forma vengativa?», preguntan.

Por todo ello, los empelados portuarios calificaron ayer al edil de Guanyar de «esperpento, incompetente, cobarde e incapaz». En su opinión, Pavón «reclama seguir cobrando el 100% de su salario mientras pone en riesgo el sueldo de más de 2.000 familias».