Sin relación entre el patrimonio del extécnico de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante Víctor López y la concesión a la mercantil Isjoma de la contrata municipal de las instalaciones festeras. Ésta es la conclusión a la que han llegado los investigadores tras las pesquisas ordenadas por el magistrado que indaga supuestas irregularidades en la adjudicación de esta contrata. El instructor había reclamado esta ampliación de la investigación después de que no le cuadrara el patrimonio que atesora López y su familia con los ingresos que ha declarado.
En total, en la unidad familiar aparecen varios inmuebles, tanto en Alicante como en otras localidades de la provincia, plazas de garajes, tierras rústicas y acciones en dos mercantiles: Soluciones Hídricas Subterráneas S. L. y Altea Gen 79 S.L., la primera constituida en 2006 y la segunda en 2010.
Las diligencias que se están practicando en el denominado caso Isjoma pretenden determinar si existía connivencia entre los empleados públicos, entre los que se encuentra López, y el dueño de la mercantil. Un informe de la UDEF que obra el causa constata «la existencia de gran cantidad de facturas relacionadas con numerosos suministros de mercancías diversas que se han efectuado al margen de la contrata durante los años 2003 a 2009». Unos contratos menores que, sólo centrados en lo que va de los años 2007 a 2009, «han representado en algún ejercicio un importe superior al 50% de las certificaciones de suministro relacionadas con trabajos incluidos en la contrata y que han sido adjudicados fuera de la misma», precisaba el juez.
El Ayuntamiento adjudicó este servicio a Isjoma en dos ocasiones: primero en 2003 y después en 2009. Esta última contrata la acabó anulando el Tribunal Superior de Justicia tras concluir que la adjudicataria tenía que haber sido Alavés Montajes S. L. cuyo propietario presentó una oferta un millón más barata y quien también interpuso la denuncia que ha dado pie a este procedimiento.
