Por unos hechos similares a por los que acaba de ser procesado el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, el magistrado Ángel Villanueva acaba de abrir juicio oral a José Antonio Sobrino, edil de Comercio del PP durante el primer mandato de Sonia Castedo, y al técnico municipal Diego Agulló.
A ambos se les acusa de un delito de prevaricación (al concejal como autor y al funcionario como cooperador necesario) por trocear en varias facturas el importe total del montaje de una feria outlet que en realidad se le adjudicó a un solo proveedor cuando por su importe (48.731 euros IVA incluido) se tenía que haber sometido a un procedimiento negociado que obliga a solicitar presupuesto a tres empresas.
A cada uno de los encausados se les pide siete años de inhabilitación para empleo o cargo público tanto por el ministerio fiscal como por la acusación particular, denunciante de estos hechos y cuya grabación de una conversación con el técnico encausado en la que le pedía que aportara facturas a nombre de terceros (a lo que el adjudicatario y denunciante se negó) ha sido determinante en la tramitación de este proceso.
Una causa en la que el Ayuntamiento ha solicitado el sobreseimiento de las actuaciones tanto para el expolítico del PP como para el técnico al entender que ni los hechos que se les imputan son delito ni han causado «perjuicio alguno ni al interés público ni a terceros».
Se trata de una pieza separada del proceso que investiga la supuesta adjudicación irregular de la contrata de instalaciones festivas por parte del Ayuntamiento a la mercantil Isjoma. La feria se celebró en octubre de 2009 en el puerto de Alicante.
La vista oral se celebrará en la Audiencia probablemente a lo largo del próximo año. Sobrino ya está apartado de lo política y en la actualidad se dedica a la hostelería mientras que Agulló sigue en activo, con lo que es a quien más podría afectarle un sentencia condenatoria de así estimarlo el tribunal.
El fiscal Felipe Briones considera que tanto el exedil como el jefe de servicio «aprobaron pagos fragmentados del contrato inicial haciéndolos pasar por contratos menores cuando todos obedecían al mismo objeto suscrito».
La adjudicación de la feria se llevo a cabo mediante cuatro contratos (por los importes de 5.800, 8.900, 5968 y 9.863 euros) cuando queda clara la existencia de un presupuesto realizado por Alavés Montajes S. L. (el denunciante de estos hechos) por 48.731 euros «no habiéndose dado razón suficiente del fraccionamiento de los distintos trabajos por los que finalmente se llevó a cabo la contratación como contratos menores», mantiene el instructor.
«Era novato»
En su declaración ante el magistrado, el exconcejal aseguró que cuando firmó el presupuesto, que él precisó que no lo identificó como tal, pensó que no le comprometía a nada y que creyó que el Ayuntamiento en ningún caso iba a superar los 18.000 euros, lo que permitía una adjudicación directa.
El problema surgió cuando varios de los patrocinadores del evento se echaron atrás y la celebración de la feria se quedó en el aire, extremo que confirmó la promotora. «Era novato, no tenía ni idea de contratación y tampoco le pude consultar al técnico porque en esos momentos no estaba», relató en alusión a Agulló, quien declaró que él sólo resolvió «lo que el edil había firmado».
Sobrino insistió en que tras la marcha de los patrocinadores (únicamente quedaron la CAM y la Cámara de Comercio, que aportaron en total 24.000 de los 48.731 euros que costó el montaje de la feria) si el Ayuntamiento no hubiera tirado para adelante no se habría celebrado.
