El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Antonio Gisbert, informó ayer al consejo de administración que, según un informe de la Abogacía del Estado, las tres empresas que mueven graneles pueden seguir operando hasta que un juez decida sobre el decreto de paralización firmado el pasado viernes por el hasta ayer concejal de Urbanismo Miguel Ángel Pavón.
Según este informe, el Puerto es el que tiene las competencias para autorizar la operativa a las empresas, que no trabajan en concesión y porque es el Puerto el que cuenta con la autorización de emisiones del Consell. Permiso que expira en abril de 2018 y que sigue en vigor pese a los expedientes de sanción abiertos.
La Abogacía del Estado coincide con el informe de los letrados de las estibadoras en el sentido de que con la declaración responsable de éstas es suficiente. Por lo tanto, Bergé, Alicante Port y Cesa podrán seguir trabajando hasta ver si el titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo resuelve si el decreto de Pavón es válido o está anulado debido a que Urbanismo no contestó en plazo el recurso contra la petición de licencia ambiental presentado por las estibadoras el 14 de septiembre.
Al consejo de ayer acudieron el alcalde Gabriel Echávarri y el edil Natxo Bellido, que forma parte del consejo por parte de la Generalitat. Ambos se sentaron juntos y estuvieron intercambiando opiniones.
Tarifas
Por otro lado, en el consejo también se dio cuenta de que la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) ya ha sido remitida por Puertos del Estado al Ministerio de Fomento, con todos los informes favorables, para su aprobación. La aprobación de la DEUP es una noticia muy favorable para la APA, que, a partir de que se materialice, podrá abordar cuestiones tan importantes como una modificación de la valoración del suelo y la lámina de agua, lo que, a su vez, afecta a algunas de las tasas portuarias, para mejorar la competitividad de las empresas, o abordar modificaciones puntuales del plan especial del Puerto.
Además, se informó sobre la evolución de la cuenta de resultados al finalizar el tercer trimestre del ejercicio. Destaca que mejoran los ingresos y disminuyen los costes, de forma que el resultado de explotación de los nueve primeros meses supera el 1,2 millones de euros, un 70% más que en el mismo periodo del año anterior.
También se adoptaron diversos acuerdos de trámite, entre los que destacó la revisión y actualización del Manual de Buenas Prácticas Ambientales del Puerto de Alicante, así como la aprobación de un convenio de colaboración con la Fundación CAM.
Finalmente, se dio cuenta de que en la Asamblea General de AICO (Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio), celebrada en Madrid, el pasado fin de semana, se nombró a José Enrique Garrigós, vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, como presidente de la Comisión de Puertos de dicho organismo.
