La reunión de la cúpula de dirección del PSPV certificó lo que se ha convertido en una evidencia sobre la crisis municipal de Alicante: la incapacidad de una ejecutiva atada de pies y manos para intentar buscar una salida al callejón sin salida en el que se encuentra el alcalde Gabriel Echávarri. Hubo críticas por la actitud del primer edil, al que se culpa en parte de haber llegado a esta situación como consecuencia de los desencuentros con sus socios del gobierno de izquierdas. Y voces que lanzaron una advertencia clara y nítida sobre los peligros de dilatar la escena de deterioro que ofrece día a día el equipo de gobierno de Alicante a punto de convertirse ya en un «minigabinete» con apenas seis concejales de un total de 29 que tiene la corporación: «Es una crisis de una magnitud que nos afecta a todos». Tiene impacto, apuntan, sobre todo el PSPV y se agrandará a medida que se aplace la resolución.
Ximo Puig, presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, había convocado a los miembros del secretariado -los responsables de área que llevan el día a día del partido- para dar un impulso, de forma especial, a la participación de las bases socialistas en la manifestación del próximo sábado para exigir un trato justo para la Comunidad en el reparto de la financiación autonómica. Acabado ese asunto clave para la estrategia del Botànic, fue el propio jefe del Consell el que sacó la cuestión. «Vamos a hablar de la situación de Alicante», sugirió para pedirle un informe a Carlos Fernández Bielsa, responsable de Política Municipal del PSPV sobre la crisis de gobierno en la localidad de más población de la Comunidad con alcalde socialista. El alcalde de Mislata, encargado de renegociar un pacto con Compromís que ya ha quedado en papel mojado, de acuerdo con la versión que apuntaron fuentes conocedoras de la reunión, ofreció una visión en tono pesimista sobre la escena política de la capital alicantina.
Fernández Bielsa, que ha tratado de mantener líneas abiertas con Compromís para abordar una solución a la espera de que se defina el futuro del alcalde, certificó ante sus compañeros de dirección la debilidad del pacto de gobierno en Alicante, las complicadas relaciones personales entre los líderes del tripartito y también puso encima de la mesa, como parte del problema, la actitud personal del alcalde Gabriel Echávarri. También tomó la palabra en el encuentro la responsable de Justicia, Ana Barceló, que colaboró con el primer edil de Mislata en las últimas negociaciones con Compromís para intentar salvar el pacto de gobierno de izquierdas.
Igualmente intervinieron sobre el asunto el vicesecretario general y síndic parlamentario, Manolo Mata, uno de los dirigentes con más influencia sobre el presidente Puig. Y también lo hizo Toñi Serna, responsable de Acción Electoral y la militante alicantina con un puesto más alto en la ejecutiva, que puso sobre el tapete una advertencia bastante extendida entre el socialismo alicantino pero, sin embargo, poco considerada en Valencia y Castellón. La reflexión de mayor calado de Serna, una dirigente que tiene gran influencia sobre el grupo afín a Puig que va a controlar la futura ejecutiva provincial que saldrá del congreso de mediados de diciembre, tiene que ver con la onda expansiva de la crisis de la capital: «Nos afecta a todos». Una advertencia que supone una clara alusión a la importancia de una circunscripción que es la única -conforme a las encuestas- en la que las voces molestas con el Consell del Botànic son mayoría y que, además, fue la que le entregó la llave a Puig para ser la fuerza de izquierda con más votos y gobernar.
Calló durante la reunión Sandra Martín, la única representante de la agrupación de Alicante en ese órgano de dirección y dirigente afín a Ángel Franco, el hombre que maneja los hilos socialismo en la capital. Y no acudió José Chulvi, portavoz en la Diputación y virtual líder del partido en la provincia de Alicante, que tenía agenda institucional en Xàbia, localidad de la que es alcalde. La dirección coincidió en que las dos causas judiciales contra Echávarri no están vinculadas a corrupción pero la sensación generalizada es de clara inestabilidad política y de limitarse a esperar, como certificó el presidente Puig al cerrar el debate dejando la solución pendiente para el futuro.
