Unos días de respiro judicial. Las defensas del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y de sus dos asesores, Lalo Díez y Pedro de Gea, tendrán una semana más de plazo para recurrir el procesamiento de los investigados por un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio. El juzgado de Instrucción número nueve de Alicante entregó ayer a las partes la documentación que estaba pendiente de las diligencias, por lo que los plazos para presentar recursos empezaron a contar desde cero otra vez, según confirmaron a este diario fuentes judiciales. El plazo, que comenzará a contar desde el lunes, es de tres días para los que vayan a recurrir la medida ante la propia magistrada y de cinco para quienes vayan a hacerlo ante la Audiencia Provincial.
La defensa de Echávarri confirmó a este diario que iba a apelar la decisión de la magistrada Maria Luisa Carrascosa directamente ante la Audiencia Provincial.
La magistrada María Luisa Carrascosa dictó el martes el pase a procedimiento abreviado de la causa abierta por las presuntas irregularidades en catorce facturas del área de Comercio y que suman algo más de 144.000 euros. La juez ve indicios de delito de prevaricación por parte del alcalde, así como de dos de sus asesores (el jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez y el entonces asesor de Comercio, Pedro de Gea). A estos dos últimos se les imputa un presunto delito de usurpación de funciones.
El abogado de Lalo Díez y de Pedro de Gea solicitó la suspensión de estos plazos. Según argumentaba, el juzgado todavía no les había remitido la totalidad de las grabaciones de las declaraciones de los testigos practicadas durante la instrucción, así como tampoco les había trasladado la documentación aportada por éstos. De las jornadas de comparecencias judiciales, a causa de un problema informático que retrasó la entrega de las declaraciones de los once proveedores citados por el juzgado. Algunos de estos testigos se comprometieron a aportar toda la documentación que conservaran sobre esos contratos. A juicio del letrado, se trataba de material necesario para formular sus recursos contra la decisión de llevar a los investigados al banquillo, por lo que no acordar el aplazamiento podría causarles indefensión y reclamaba un nuevo plazo a partir del momento en que se ponga a disposición de las partes toda la documentación. El material fue entregado ayer y, aunque no hubo una suspensión de plazos como tal, los letrados han sido informados de que se han ampliado.
