El grupo popular en el Ayuntamiento de Alicante, el principal de la oposición, considera que numerosos acuerdos que afectan a las arcas municipales pueden invalidarse porque se ha tenido a un tesorero incumpliendo la ley. Así lo desveló ayer el concejal José Ramón González, quien aseguró que la plaza de tesorero, «la tercera más importante en el escalafón del organigrama municipal», está ocupada desde el inicio de la legislatura por un funcionario sin la capacitación correspondiente.

El tesorero que fue designado en julio de 2015 por la edil de Hacienda, la socialista Sofía Morales, es diplomado en Económicas y Empresariales, es decir, categoría A2, de acuerdo a la información que el PP ha recabado en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. Para ser tesorero el puesto requiere de la titulación A1, es decir, licenciado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Economía o Ciencias Actuariales o Financieras. Existe un segundo requisito, la habilitación de carácter nacional.

González criticó que el tesorero actual incumple ambos requisitos. De hecho su puesto es el de jefe de departamento de Recaudación, Planificación Financiera y Caja, por lo que entienden que contraviene la relación de puestos de trabajo y la legislación estatal, lo que podría provocar la nulidad de numerosas decisiones adoptadas en materia económica.

«Es una irregularidad y Sofía Morales era consciente. Sabía que era diplomado y firma como tesorero accidental. Se encarga de negociar con bancos, mover la caja, de los pagos y cobros, de la gestión. Hay sentencias recientes que han parado presupuestos e incluso anulado por no reunir los requisitos suficientes para ejercer el cargo. No es banal la advertencia que estamos haciendo».

Los populares afirmaron que, aún cumpliendo con esos dos requisitos, el tesorero podría haber estado de forma accidental un máximo de seis meses, como aseguran que especifica la ley, puesto que la plaza se tiene que ofertar y sacarla a oposición.

Según explicó González, la edil de Hacienda, Sofía Morales, del PSOE, decidió cubrir al principio de la legislatura la plaza que había ocupado el actual interventor por un funcionario municipal «que carece de la titulación necesaria para desempeñar ese cargo». El actual interventor es Francisco Guardiola, a quien cesó como tal la anterior Corporación dejándole como tesorero. Cuando fue restituido como interventor, quedó libre la plaza de tesorero.

El PP pide explicaciones a Morales y que la plaza sea cubierta de forma inmediata por una persona que reúna las condiciones específicas del cargo. «Además de la exigencia de responsabilidades políticas, vamos a analizar las consecuencias jurídicas». A la vez, destacaron lo rocambolesco de que desde marzo de este año el Ayuntamiento tenga un tesorero adjunto que sí cumple con los dos requisitos, titulación suficiente y cuerpo de habilitación estatal, que podría estar seis meses de forma temporal. E insistieron en que la plaza se tiene que ofertar y después es de libre designación entre los que se presenten a la oposición cumpliendo los requisitos.

Por su parte, la concejala de Hacienda calificó de incongruentes las acusaciones del PP y recordó que durante los mandatos de los populares hubo una tesorera accidental y un interventor en las mismas condiciones. Morales dijo que lo que afirman los populares no es verdad, que la ley permite tener un tesorero accidental sin limitación de meses hasta que se pueda convocar la plaza y haya candidatos, o la dirección general de la Administración Local de la Generalitat encuentre a alguien. A la vez, asegura que el tesorero accidental cumplía los requisitos para serlo, que fue aceptado por la Generalitat, y que se ha pedido a Recursos Humanos que se inicien los trámites para sacar la plaza. Morales dijo haber consultado con el interventor y con el secretario, «y corroboran que se ha hecho algo escrupuloso».