La defensa de los dos asesores del alcalde Gabriel Echávarri ha solicitado al juzgado que investiga el presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio la suspensión de los plazos para recurrir el procesamiento dictado el martes alegando que todavía no disponen de toda la causa, según el escrito presentado por el abogado Fernando Cazorla al que ha tenido acceso este diario. El escrito sólo ha sido presentado por la defensa de los asesores y no por la del alcalde, el letrado José Díez, aunque éste también se vería beneficiado por la suspensión de los plazos en el caso de que se acabara acordando por el juzgado de Instrucción número nueve de Alicante.
La magistrada María Luisa Carrascosa dictó el martes el pase a procedimiento abreviado de la causa abierta por las presuntas irregularidades en catorce facturas del área de Comercio y que suman algo más de 144.000 euros. La juez ve indicios de delito de prevaricación por parte del alcalde, así como de dos de sus asesores (el jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez y el entonces asesor de Comercio, Pedro de Gea). A estos dos últimos se les imputa un presunto delito de usurpación de funciones.
El momento de la adopción de responsabilidades políticas se está aplazando al momento en que se produzca la apertura de juicio oral, momento que llegará después de que se resuelvan los recursos al procesamiento y de que las acusaciones presenten sus escritos de conclusiones.
Las defensas tienen un plazo de tres días para recurrir el procesamiento ante la juez y de cinco, en caso de que decidan apelar ante la Audiencia. El abogado de Lalo Díez y de Pedro de Gea ha solicitado la suspensión de estos plazos. Según argumenta, el juzgado todavía no les han remitido la totalidad de las grabaciones de las declaraciones de los testigos practicadas durante la instrucción, así como tampoco les han trasladado la documentación aportada por éstos. De las jornadas de comparecencias judiciales, a causa de un problema informático todavía no les han entregado las declaraciones de los once proveedores citados por el juzgado. Algunos de estos testigos se comprometieron a aportar toda la documentación que conservaran sobre esos contratos.
A juicio del letrado, se trata de material necesario para formular sus recursos contra la decisión de llevar a los investigados al banquillo, por lo que no acordar el aplazamiento podría causarles indefensión. Por este motivo, reclama un nuevo plazo a partir del momento en que se ponga a disposición de las partes toda la documentación.
La defensa de Díez y De Gea también presentó el lunes otro escrito, antes de que se dictara el procesamiento, reclamando que dos de los técnicos municipales volvieran a declarar en el juzgado para ser preguntados sobre las Galas del Comercio de 2013 y 2014. La petición se desestimó porque esos gastos no eran objetos de este procedimiento. También la magistrada desestimó la solicitud para volver a llamar a declarar a dos testigos porque considera que las partes ya tuvieron «facultad y posibilidad de realizarle todas las preguntas y aclaraciones que tuvieron por conveniente en la fecha en la que se les tomó declaración».
Por otro lado, el PP reclamó ayer al alcalde y al concejal de Modernización que aclaren si también ha habido usurpación de funciones en la concejalía de Fiestas con la firma digital del alcalde. La portavoz adjunta del grupo popular María del Carmen de España considera que en otras concejalías dirigidas de manera directa por el alcalde puede haberse seguido el mismo modus operandi.
