La juez ha citado como investigados el día 24 de noviembre a las 9.30 horas al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y al concejal de Personal, Carlos Giménez, por el despido de la cuñada de Barcala. La noticia se produce dos semanas después de la declaración del alcalde ante la Fiscalía y sólo un día después de su procesamiento por el fraccionamiento de los contratos de Comercio.

Por otro lado, la juez ha ofrecido acciones a la familiar del portavoz municipal del PP, Catalina Rodríguez, por si quiere personarse.

Ante el fiscal el alcalde se negó a reconocer que la destitución de la trabajadora interina guarde relación con la denuncia que le puso el PP. Explicó además que mantener en el Ayuntamiento a la familiar del portavoz del grupo municipal del PP le exponía a recibir una denuncia de los sindicatos. El primer edil aseguró al teniente fiscal, José Llor, que el mantenimiento en su puesto de Catalina Rodríguez era una ilegalidad consentida, como ocurre con otros interinos del Ayuntamiento de Alicante, y que mantener esta situación le exponía a que fuera denunciado por los sindicatos por no actuar.

La denuncia por el despido fue presentada el pasado mes de mayo por los dirigentes vecinales José Luis Valdés y José María Hernández Mata, donde se incidía en que a pesar de que hay más de medio centenar de trabajadores en el Ayuntamiento en la misma situación que Catalina Rodríguez, ella era la única que había sido despedida, por lo que la decisión podría tratarse de una represalia. La polémica generada tras el cese, con una petición del pleno para la readmisión de la trabajadora, hizo que finalmente el alcalde diera marcha atrás y la reincorporara en su puesto de trabajo.

El hecho de que la persona cesada se tratara de Catalina Rodríguez fue para el alcalde algo casual y no tuvo nada que ver con su parentesco familiar con el portavoz del principal grupo de la oposición en la Corporación, según declaró. Echávarri explicó que era de una de los trabajadores de quien más información tenía y que su situación en el Ayuntamiento era un fraude de ley.

Catalina Rodríguez entró a trabajar como interina en el Ayuntamiento con motivo de la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y del Centro Cultural de Las Cigarreras. En el momento del despido había sido trasladada y se encontraba trabajando en el Museo de la Lonja. Según el alcalde, esta situación era un fraude, ya que se encontraba desempeñando un trabajo distinto para el que fue contratada.

Situación crítica

Este nuevo varapalo llega horas después del procesamiento de Echávarri por los contratos de Comercio. La magistrada María Luisa Carrascosa acordó este martes el procesamiento del alcalde, así como del jefe de gabinete de alcaldía, Lalo Díez, y el asesor de Comercio, Pedro de Gea, por un presunto fraccionamiento de contratos. La juez ha visto indicios de los delitos de prevaricación en el caso de los tres investigados y de usurpación de funciones en los investigados para los dos asesoras. En la causa se investigan un total de 19 facturas que suman cerca de 190.000 euros correspondientes a servicios prestados a finales de 2016 para la Gala de Comercio, la campaña de Navidad y la imagen de los Mercados Municipales.

Por este motivo Compromís ha anunciado que dejará el tripartito si el alcalde no dimite antes, al tiempo que ha pedido una nueva investidura con otro candidato socialista. Por su parte, desde Guanyar han mantenido el día 15 de noviembre como la fecha elegida para irse del equipo de gobierno si antes no se marcha Echávarri. De llevarse a cabo ambas salidas, el PSOE pasaría a dirigir un equipo de gobierno formado por 6 concejales de los 29 de la corporación, mientras que en la oposición quedarían el PP (8), Guanyar (5), Ciudadanos (5), Compromís (3) y los dos no adscritos (una ex de Guanyar y otro ex de C's).