La juez que investiga un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comerciocontratos concejalía de Comercio de Alicante terminó ayer con las declaraciones a los testigos y ultima ya el cierre de la instrucción. Apenas dos meses después de recibir la denuncia, la investigación de la magistrada María Luisa Carrascosa está prácticamente terminada y, en breve, podría resolver si envía al alcalde Gabriel Echávarri al banquillo o, por el contrario, archiva las diligencias, según fuentes cercanas al caso.
En esta causa, además de Echávarri, están investigados el jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor de Comercio, Pedro de Gea, por 19 facturas de un importe cercano a los 190.000 euros y que frenó el interventor municipal al considerar que se trataba de un fraccionamiento de contratos.
Ayer declararon cinco nuevos proveedores en calidad de testigos de los siete que estaban citados, dos de ellos no pudieron comparecer por razones técnicas. Los representantes de las cinco mercantiles citadas vinieron a manifestar lo mismo que ya hicieron los llamados hace más de una semana, sostener que se trataba de encargos independientes para los que le llamó el Ayuntamiento.
Las facturas corresponden a servicios prestados por la gala de comercio y la campaña de Navidad de 2016, así como por la imagen de los mercados municipales. Los responsables de las mercantiles se comprometieron a aportar a la juez la documentación que conservaran sobre los encargos.
No hay previsión de que los dos testigos que no fueron interrogados ayer vayan a declarar otro día, ya que las partes no consideran relevante su testimonio. «Nadie cuestiona que las facturas sean reales», señalaron las fuentes consultadas por este diario.
Antes de una semana
La defensa de los asesores Lalo Díez y Pedro de Gea aportó ayer a la juez facturas correspondientes a las galas de comercio de los años 2013 y 2014, durante los años de gobierno del PP, incidiendo en que la suma de todas las facturas superó el límite de 18.000 euros del contrato menor, sin que sobre ellas se generara sospecha alguna y siendo prácticamente de una semejanza completa tanto en relación a los conceptos facturados, como en los proveedores contratados y la fecha de los contratos.
El letrado reclamó que dos de los técnicos que consideraban que había fraccionamiento fueran llamados de nuevo a declarar para aclarar estos extremos. Desde el PP se consideró ayer que estas citaciones eran «una maniobra dilatoria» y que lo relevante no era tanto la cuantía de las facturas, como el hecho de que los expedientes se tramitaran al margen de los técnicos.
La magistrada avisó ayer que no iba a acordar las citaciones de la defensa, aunque desde el PP se reclamó que se pidiera al Ayuntamiento la documentación original para contrastarlos con los papeles aportados por las defensas.
Las partes tienen que plantearse si van a solicitar alguna declaración más o pedir nuevas pruebas, tras lo que procederá el cierre de la investigación. Algunas fuentes consultadas por este diario señalaron que hay una alta probabilidad que la decisión se adopte antes de que termine esta semana y se emplace a las acusaciones a presentar sus escritos de conclusiones.
