La Asociación de Municipios Ribereños del Tajo denunció ayer el «sinsentido» de que haya desaladoras sin usar por motivos económicos cuando se han de devolver «90 millones de euros de ayudas a la Unión Europea (UE) por no utilizarlas». En este sentido, apunaron que hay cuatro plantas «sin producción» en la Comunidad Valenciana, otra en Almería y otra en Murcia que funciona a «medio gas».
Una situación que se produce «en plena crisis de sequía y con los políticos pidiendo nuevos trasvases», reprochó la asociación en una nota de Prensa en la que ha recordó que la construcción de estas infraestructuras que sustituyeron al trasvase del Ebro costaron «200 millones de euros» y que están paradas porque «su agua cuesta más que la del trasvase Tajo-Segura».
Según los municipios, por no ponerlas en marcha, el Gobierno de España está a punto de tener que devolver a la UE 35 millones de euros por las plantas de Oropesa y Moncófar y otros 55 millones de euros por la de Torrevieja; 90 millones de euros en total, a costa de todos los españoles, «por culpa de la desidia del Gobierno, de Camps y de Valcárcel, con los que se podría haber subvencionado la misma cantidad de agua que ha sido trasvasada desde 2015», lamentó ayer el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla.
Según los propios regantes tradicionales de la Región de Murcia, ajenos al Sindicato del Acueducto Tajo-Segura, a los que además el sindicato debe cerca de 200 hectómetros cúbicos por cesiones adjudicadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), existen entre 75.000 y 100.000 hectáreas de regadío sin dotación en la Región. Mientras, no se esperan lluvias en toda la semana.
