«Queremos sacar los colores a las administraciones». Las asociaciones de personas con discapacidad aseguran estar hartas de que se incumplan las normas de accesibilidad y anuncian que no pararán de hacer oír su voz. Así lo anunció Antonio Ruescas, presidente de la Federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de Alicante, Cocemfe Alicante, durante una concentración esta mañana en las escaleras del Jorge Juan.

Casi un centenar de personas, muchas de ellas en silla de ruedas o andador, se manifestaron y leyeron un manifiesto para reclamar ciudades accesibles. Durante la concentración se colocó un enorme tablón en el que se iban colocando fotografías con barreras arquitectónicas captadas en la ciudad de Alicante. Entre ellas rampas muy empinadas, coches invadiendo aceras y hasta la de un árbol plantado en mitad de una rampa para silla de ruedas.

Las mayores quejas se las lleva el transporte público, y más concretamente los autobuses que enlazan la ciudad de Alicante con el resto de localidades de la provincia. Desde Cocemfe denuncian que hay muy pocos autobuses adaptados, lo que obliga a las personas con discapacidad a solicitar el servicio con una antelación de hasta 48 horas, lo que tampoco garantiza que vayan a poder viajar. Es lo que le ocurrió a Mónica Portero, quien avisó a la compañía dos días antes de que quería viajar a Jávea y llegó a comprar el billete de 8 euros. «El día antes me dijeron que no era posible, así que me quedé en tierra. Ahora estoy intentando que me devuelvan el dinero del billete, pero no contestan el teléfono ni los emails que les mando».

Los taxis también son un problema. «Hay municipios de gran tamaño que carecen de ellos y aunque en Alicante ciudad sí los hay, es muy difícil conseguir uno en fin de semana o festivo», explica Ruescas.

El presidente de Cocemfe recuerda que hay legislación muy clara sobre la necesidad de adaptar todo tipo de espacios a las personas con movilidad reducida, «pero ésta no se cumple». Ruescas recuerda que la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad pone como plazo el mes de diciembre para la eliminación total de las barreras arquitectónicas, «plazo que no se va a cumplir».

La concentración de esta mañana se ha repetido en 35 ciudades españolas con el objetivo de poner en conocimiento de la sociedad la falta de accesibilidad y sus efectos negativos sobre los derechos, libertades y vida independiente de las personas con discapacidad.