La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Provincial que incluya en la investigación por las presuntas irregularidades en el Plan General de Alicante el informe presentado por el Ayuntamiento que cifraba en 42 millones de euros el hipotético beneficio del promotor Enrique Ortiz con el planeamiento urbanístico bajo sospecha en caso de haber sido aprobado. El juez del PGOU rechazó el citado documento el pasado 23 de octubre por haberse presentado de manera extemporánea, en un momento del procedimiento en el que ya no procede la aportación de nuevos documentos al haberse cerrado la instrucción.

En la causa del PGOU están imputados, además de Ortiz, los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, entre otros, por presuntas irregularidades en la tramitación del planeamiento urbanístico de la ciudad. Se trata de una pieza separada del llamado caso Brugal, cuya instrucción se cerró en enero con el procesamiento de diez de los imputados. La Audiencia dejó esta cifra en nueve encausados al sobreseer la causa para el redactor del PGOU, Jesús Quesada. La Sección Segunda tiene pendiente de resolver los últimos recursos, momento en que las acusaciones deberán presentar sus escritos de conclusiones.

El fiscal Felipe Briones argumenta que el contenido del documento rechazado contiene una serie de valoraciones sobre los precios de unos terrenos y sus diferentes variaciones, suelo que afectaría a las presuntas irregularidades de la causa, por lo que su contenido «resulta relevante, útil y pertinente (...) para cuantificar la pena de multa, sanción que llevan aparejada algunos de los delitos» que se imputan a los investigados. Por ello, el Ministerio Público ha pedido a la Audiencia que revoque la decisión del juez instructor, Manrique Tejada, de excluir el citado informe del procedimiento. El juez ha dado un plazo de cinco días a las partes para que presenten las alegaciones que consideren al recurso.

Según el escrito del fiscal, la incorporación a la investigación del documento no supone tener que practicar más diligencias, por lo que no se trata de las nuevas declaraciones a imputados denegadas por la Audiencia en este caso. «Lo que se ha hecho es presentar un documento para que quede unido a la causa y pueda ser valorado por el resto de las partes», argumenta. Anticorrupción considera que este momento procesal es válido para la incorporación al sumario del documento y que hacerlo no vulnera el principio de defensa, ya que los imputados pueden saber de qué se les acusa.

El magistrado no entró en motivos de fondo para rechazar el documento elaborado por un técnico municipal. En cambio, la defensa de Ortiz, el abogado Francisco Ruiz Marco, sostenía que el documento del Ayuntamiento está plagado de «datos inexactos o falsos» y deslizaba que no descartaba exigir «responsabilidades» por su confección.