Ya hay decisión sobre el cambio de calles franquistas en Alicantecalles franquistas. La juez titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante, María Begoña Calvet, ha decidido anular el acuerdo de la Junta Local de Gobierno de fecha 15 de noviembre de 2016 por el que el tripartito aprobó sustituir la nomenclatura de unas 47 calles y plazas de Alicante por su vinculación al franquismo y en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
De este modo estima el recurso de nulidad del recurso interpuesto por el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, Luis Barcala. Con el fallo conocido este mediodía, la juez estima la reclamación del grupo popular en el Ayuntamiento y tumba el acuerdo del tripartito
La justicia, a principios del pasado mes de enero, decretó la paralización provisional de la modificación del callejero de Alicante, lo que obligó al tripartito a volver a reponer las placas ya retiradasreponer , entre ellas, algunas tan simbólicas como la División Azul, con la que se inició el proceso de reversión.
El alcalde, Gabriel Echávarri, ordenó en marzo a sus socios de Compromís y Guanyar, responsables de las áreas de Memoria Histórica y Estadística, la reposición de placas después de que la juez diera un mes al tripartito para retornar los rótulos ya retirados, bajo advertencia de multa. El primer edil socialista tomó esta decisión tras dos meses de inacción de los partidos responsables en el cumplimiento del auto judicial. Todas las placas franquistas que se habían quitado de las calles volvieron entonces a su lugar.
La juez admite en su fallo la falta de competencia de la Junta de Gobierno Local para adoptar el acuerdo impugnado como argumentaba el PP, así como la consideración de los recurrentes de que la competencia del acuerdo de calles correspondía al Pleno municipal. Contra esta decisión cabe recurso de apelación en el plazo de 15 días ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
El tripartito que gobierna el Ayuntamiento anuncia que el gabinete jurídico municipal estudiará la posible interposición de un recurso contra la sentencia y considera además que la resolución de la jueza no entra en el fondo del asunto sino que aborda únicamente una cuestión de forma relativa a la competencia de la Junta Local de Gobierno para adoptar el acuerdo impugnado.
Un nuevo revés para el tripartito, que vive sus horas más bajas, con las diferencias entre los tres partidos que gobiernan coalición, agravadas con la situación judicial del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, investigado en dos causas, el presunto fraccionamiento de contratos en el área de Comercio y el despido de una trabajadora municipal, cuñada del portavoz del PP en el Ayuntamiento, Luis Barcala.
Vídeo: Cambio de nombre de las calles franquistas
Vista oral
En la vista judicial que tuvo lugar a mediados de septiembre en los juzgados de Benalúa, el abogado del PP, como parte denunciante, basó la defensa de la denuncia contra el procedimiento administrativo en siete aspectos que, a su juicio, eran motivos de ilegalidad del cambio de calles acordado por el tripartito en Junta de Gobierno e impulsado por una comisión aprobada por el pleno municipal.
El abogado insistió ante la juez en que el acuerdo era "nulo" porque se tenía que haber aprobado en pleno y no en Junta de Gobierno, además de insistir en que la propuesta de la comisión "incumplía todos y cada uno de los fines de la ley de Memoria Histórica" y en que la citada comisión "aprovechó" para "cambiar calles no afectadas" por la citada ley.
Además, en la citada vista, el abogado del PP también puso sobre la mesa la "inexistencia de acreditación documental a la hora de considerar que determinadas personas, como Calvo Sotelo, están afectadas por la Ley de Memoria Histórica" o la "arbitrariedad" al mantener el nombre de personas que "también intervinieron en el bando franquista".
Por último, los populares alegaron que la comisión aprobada por el pleno no tenía "competencias" para "instar nombres a las calles que se sustituyesen", además de subrayar la presunta "falta de participación".
La abogada municipal criticó con dureza a los populares por no presentar "pruebas" ni "informes técnicos" que defiendan la denuncia presentada contra el cambio de calles aprobado en Junta de Gobierno en noviembre de 2016.
"El demandante ha tenido tres momentos para aportar pruebas frente a lo manifestado por el Ayuntamiento y no lo ha hecho", señaló la abogada municipal, Ana Barrachina, quien intentó desmotar uno a uno los siete motivos de ilegalidad defendidos previamente por el representante legal del PP.
Respecto al procedimiento administrativo para aprobar los cambios en el callejero, el Ayuntamiento, por su parte, también subrayó en la citada vista ante la juez que al acuerdo de la Junta de Gobierno de noviembre de 2016 se ajustaba a la ordenanza, aprobada por el PP en el año 2009, según la cual el cambio de nombre de calles en Alicante es competencia de la Junta de Gobierno, y no del pleno como defiende el grupo municipal del PP.
"Ningún acto administrativo [en alusión a la moción que impulsó la comisión] puede quitar esas competencias ni modificar una ordenanza. No hay nulidad de pleno derecho porque el órgano competente es la Junta de Gobierno", recalcó la abogada del Ayuntamiento en la vista celebrada a mediados de septiembre, en la que negó que en el proceso de cambio de calles faltase "participación", al recordar que en la comisión estaban representadas las juntas de distrito.
Al final de su intervención, la abogada municipal pidió que se desestimase el recurso y que las costas del procedimiento judicial recayeran sobre el PP. Pese a todo, reclamó que, en caso de que la resolución no fuese favorable para el Ayuntamiento, el procedimiento sólo se declarase nulo para las calles referidas a las personas que, según la parte demandante, no concurren en los supuestos recogidos por la Ley de Memoria Histórica (sublevación militar, Guerra Civil o represión franquista): Calvo Sotelo, General Primo de Rivera, Manuel Senante, Martínez Velasco, Ruiz de Alda y Vázquez de Mella.
Orden de Echávarri
Esta misma juez decretó el pasado mes de enero la paralización cautelar del cambio de calles franquistas promovido por el Ayuntamiento en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Entonces, la titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 dio la razón sobre las medidas provisionales respecto al recurso interpuesto por el PP en contra del acuerdo de la Junta de Gobierno Local para el cambio de nombre de más de cuarenta calles y plazas por su vinculación al franquismo.
La justicia, además, exigió el restablecimiento "a la mayor brevedad posible" de las placas de rotulación previas y, por consiguiente, la "retirada de las placas nuevas". Dos meses después de ese auto y ante la inacción de Compromís
y Guanyar, el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, ordenó el pasado mes de marzo a sus socios de gobierno, responsables del procedimiento de cambio de nombre de las calles franquistas por tener delegadas las competencias de Memoria Histórica y Estadística, la reposición inmediata de las placas que exigió un juzgado de Alicante dos meses atrás.
El recorrido judicial arrancó a finales del año 2016, cuando el PP llevó a los tribunales el acuerdo del tripartito, que no pasó por el pleno municipal, para modificar el nombre de calles y plazas de la ciudad «por considerar que no se cumplían los requisitos de la Ley de Memoria Histórica».
El PP planteó en sus alegaciones «que algunos cambios no están justificados como el de la plaza de Calvo Sotelo, así como que el acuerdo de cambio de nombre de vías públicas debió adoptarse en pleno municipal por tratarse del órgano competente, como consta en el acuerdo plenario por el que se creó la Comisión Municipal de Memoria Histórica».
