La Fiscalía ha denunciado en el juzgado al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, y al concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, por un presunto delito de prevaricación tras el despido de la cuñada de Barcala, según confirmaron a este diario fuentes del Ministerio Público y del Ayuntamiento. El fiscal ha pedido al juzgado que llame en calidad de investigados a Echávarri y a Giménez, así como las declaraciones de varios funcionarios en calidad de testigos que intervinieron en el cese de Catalina Rodríguez.

La denuncia ha recaído en el juzgado de Instrucción número dos de Alicante. La magistrada Patricia Romero tiene ahora que decidir si admite a trámite la denuncia y si adopta la decisión de llamar a declarar a los políticos investigados. En caso afirmativo, sería la segunda imputación contra Echávarri, ya que otro juzgado le investiga por un presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio. Es el mismo que tiene una causa abierta por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras del Plan E en la ciudad y en la que están imputados, entre otros, el exedil del PP Andrés Llorens y un funcionario. Este juzgado también archivó la querella de la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, contra los administradores del FROB.

Tras la denuncia que presentó el PP en la Fiscalía Anticorrupción por las irregularidades detectadas en Comercio, se produjo el despido del Ayuntamiento de la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala. Catalina Rodríguez se encontraba trabajando como interina en el Museo de la Lonja en el momento de su cese. El alcalde justificaba su decisión en que el mantenimiento de la trabajadora en ese destino era un fraude de ley, porque no se encontraba en el destino original para el que fue contratada. Sin embargo, posteriormente en redes sociales, llegó a admitir que la denuncia de los populares aceleró la decisión del despido. Los dirigentes vecinales José Luis Valdés y José María Hernández Mata presentaron una denuncia en la Fiscalía, la que ahora se eleva al juzgado, al considerar que el cese podía ser una represalia, puesto que Catalina Rodríguez fue la única persona despedida de todos los interinos que se encontraban en su situación. La trabajadora fue readmitida después de que el pleno desautorizara la decisión del primer edil.

El plazo para que se cerrara la investigación abierta por el Ministerio Público estaba a punto de concluir, al cumplirse seis meses desde que se presentara la denuncia. A lo largo de este tiempo, los dos investigados han sido llamados a la Fiscalía para dar explicaciones sobre los motivos y las circunstancias del despido. También fueron los funcionarios como testigos que redactaron el decreto del despido y una asesora jurídica del Ayuntamiento.

La decisión de la Fiscalía se ha basado en el análisis de estas declaraciones, así como de la documentación remitida por la Corporación. Según las fuentes consultadas por este diario, el informe de la Concejalía de Cultura donde trabajaba la interina cesada por Echávarri. El documento remitido por el edil de Guanyar Daniel Simón, responsable de esta competencia, sostenía que desde Cultura nunca se solicitó prescindir de los servicios de Catalina Rodríguez. En el citado documento, se explicaba cuál era la situación de la interina y la de otros compañeros que se encontraban en su misma situación trabajando para la concejalía. Catalina Rodríguez fue contratada en el año 2010 con el cometido de poner en marcha las Cigarreras y el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). En el momento del cese estaba en el Museo de la Lonja, por decisión de la concejalía y sin que nadie hubiera planteado cesarla por esta situación, ni a ella ni a ninguno de los otros interinos.

El alcalde, Gabriel Echávarri, defendió en la Fiscalía el despido argumentando que lo ilegal hubiera sido no hacerlo, ya que se encontraba en una situación de fraude de ley y por la que se exponía a ser denunciado en cualquier momento por los sindicatos. Por su parte, el concejal de Personal aseguró que el despido fue una decisión del alcalde. Los dos deberán dar explicaciones ante el juzgado, si la magistrada decide imputarles.